Capitanich: “Estamos ante un problema serio y nadie se puede hacer el distraído, ni siquiera la oposición política”
“Estamos ante un problema extremadamente serio y nadie se puede hacer el distraído, ni siquiera la oposición política de acá”, subrayó el gobernador Jorge Capitanich luego de participar este martes, junto a otros mandatarios provinciales, de una reunión con el presidente Alberto Fernández, definiendo detalles del pedido al Congreso nacional para el inicio del procedimiento institucional de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y a los restantes tres miembros de ese tribunal.
“Es una injusticia desde todo punto de vista”, dijo sobre el fallo de la Corte Suprema que originó el pedido de juicio político a sus miembros; y expuso su preocupación ya que el respaldo a la decisión de impulsar el juicio político a la Corte es sólo de referentes del peronismo y del Frente de Todos, pero no de la oposición, siendo que la afectación es sobre los recursos coparticipables que reciben las provincias.
“Estoy defendiendo el interés del pueblo de la provincia del Chaco. Esto es una política de Estado. Estoy defendiendo los recursos de nuestra provincia, no de un partido ni del Frente de Todos ni de un gobernador circunstancial. Y cuando se defiende el interés del Chaco tenemos que estar todos unidos”, agregó durante una entrevista con Noticiero 9 Central.
El mandatario dijo así que ningún referente local de la oposición lo llamó para interesarse sobre las consecuencias del fallo judicial sobre los recursos que recibe la provincia; pero sostuvo que “el silencio es una práctica”.
“No quiero entrar en polémicas estériles”, dijo, y les recordó a intendentes e intendentas de signo opositor que se trata de “una cuestión que compete a nuestra provincia, porque todos los recursos que van a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los que no vienen acá”.
“Somos férreos defensores del federalismo vulnerado con este fallo, y de la división de poderes también vulnerada. A mí me gustaría que todos los gobernadores y gobernadores del país se involucraran en este tema, que no es una cuestión partidaria, es una cuestión política e institucional, para quienes debemos defender el sistema representativo, republicano y federal de gobierno”, subrayó.
Argumentos
Los argumentos del pedido de juicio político –recordó Capitanich- se vinculan al mal desempeño de los jueces en sus funciones, con eje en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y dado el reciente fallo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por recursos coparticipables.
“De un modo arbitrario, la Corte dice que (la Nación debe devolver) un 2,95% de recursos, sin ningún tipo de cálculo y con depósito automático, y suspensión de la Ley 27.606 que nos afecta directa a indirectamente a las provincias argentinas”, explicó, marcando que se trata de “una injerencia indebida e incorrecta” del Poder Judicial, y por tanto configura “una causa de mal desempeño”.
“También hemos planteado es ser amicus curiae de la Corte, con el objetivo de establecer los fundamentos y las razones que esgrimíamos por lo cual no debía dictarse un fallo de esta naturaleza”, expuso el mandatario.
Otro argumento que resaltó Capitanich gira en torno a Ley de Ética Pública (N° 25.188) “porque existen, por lo menos, 56 causas vinculadas en el estudio jurídico del juez Carlos Rosenkrants en las cuales no corresponde que haya intervenido”, recordó, y subrayó que en esas situaciones el magistrado de la Corte “no se excusó para intervenir”.
Una de las cuestiones principales que configuran el pedido de juicio político, según indicó Capitanich, es que el juez Rosatti es, además, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, lugar al que accedió “a partir de una medida que tomó la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional la Ley 27.088, que rigió durante 16 años la integración del Consejo”. Y lo hizo a partir de un planteo del Colegio de Abogados de CABA sobre el “desequilibrio en la conformación”.
“Observamos que el poder corporativo, de base económica, sobre la base de un poder mediático concentrado, establece la cooptación del Poder Judicial para entrometerse en otros poderes del Estado, quebrando el principio de la división de poderes”, advirtió el mandatario.
En esa línea, sostuvo que “la Corte Suprema de Justicia, que debe tener el control de constitucionalidad, es el poder que se entromete en otros poderes y vulnera ese principio. Así, quiebra el principio del federalismo porque quita recursos a las provincias de manera arbitraria”.
Recursos y privilegios
Con respecto a los recursos coparticipables, Capitanich dijo que desde 2016 a 2020, con la asignación a CABA decidida por el entonces presidente Mauricio Macri, les quitaron a las provincias “731.000 millones de pesos, o sea un presupuesto total de la provincia del Chaco”. “Y ahora, con esta resolución judicial, tenemos que poner 180.000 millones de pesos más”, enfatizó.
En ese contexto, sostuvo que la “indignación” de varios mandatarios “es porque CABA tiene múltiples privilegios, como el precio de combustible más barato del país, luego de la Patagonia, el subsidio al transporte público de pasajeros que hace que paguen 35 pesos cada boleto (con el último aumento), cuando en provincias como el Chaco se paga más de 50 pesos.
“Es la jurisdicción de mayor ingreso por habitante que tiene todo: pavimento, energía eléctrica, gas, fibra óptica, etcétera. Y ahora tiene más, porque tiene también entre el 22 al 28% de la distribución territorial del Presupuesto Nacional asignado, es decir, cerca de 5 billones de pesos”, enumeró.
“Es una injusticia desde todo punto de vista”, marcó, y expuso finalmente su preocupación ya que el respaldo a la decisión de impulsar el juicio político a la Corte es sólo de referentes del peronismo y del Frente de Todos, pero no de la oposición.
Procedimiento
En cuanto al procedimiento de juicio político, Capitanich resaltó que “la cámara acusadora es la Cámara de Diputados de la Nación, y la cámara juzgadora es la Cámara de Senadores”. “Una vez que la comisión de juicio político obtiene el dictamen correspondiente, lo eleva al pleno de la Cámara, si el plenario obtiene 129 votos, automáticamente esta acusación para al Senado y ahí procede, con el número correspondiente de mayoría calificada, para la destitución de los jueces”, repasó.