El Gobierno frenará los pagos de las indemnizaciones otorgadas a víctimas de terrorismo de Estado
Así lo informó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado que compartió en redes sociales.
El Gobierno Nacional anunció este lunes que cesará los pagos de indemnizaciones reclamadas por personas que se consideran víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, tras detectar irregularidades en los trámites correspondientes, según informó el Ministerio de Justicia.
El ministro Mariano Cúneo Libarona comunicó la decisión mediante un comunicado oficial, expresando: «Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado».
Según el texto difundido a través de la cuenta oficial del Ministerio de Justicia, la medida se fundamenta en la detección de «distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago» del beneficio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional para las personas que sufrieron crímenes de lesa humanidad durante el período de la última dictadura militar (1976-1983), durante el cual integrantes de las Fuerzas Armadas cometieron desapariciones forzadas y torturas.
Hasta la fecha, el Estado había compensado los daños sufridos por las víctimas de este periodo oscuro de la historia argentina. Sin embargo, con la disposición adoptada por la gestión actual, estos pagos serán sometidos a revisión.
«El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado», finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.
DETALLES SOBRE LA LEY PROCESOS
El Estado argentino otorgó compensaciones económicas y pensiones a las víctimas de la última dictadura militar a través de seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Estas leyes abarcan a las personas que fueron desaparecidas de manera forzada o fallecidas debido al accionar del terrorismo de Estado, así como a ex detenidos, nacidos o detenidos durante la privación de la libertad de sus madres, siempre y cuando las detenciones estuvieran relacionadas con motivos políticos y estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo o tribunales militares.
La ejecución de estas compensaciones estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que trabaja en coordinación con el Poder Judicial para recabar las pruebas necesarias que validen cada solicitud de reparación.
Esta dirección depende del Ministerio de Justicia y tiene la responsabilidad de gestionar las políticas de reparación en beneficio de las víctimas del terrorismo de Estado durante el período de la dictadura.