El Gobierno nacional eliminó cinco programas para la prevención de la violencia de género
El Ministerio de Justicia dejó sin efecto cinco programas vinculados a políticas de género que habían sido aprobados durante la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La resolución deja sin efecto las normas que habían aprobado los siguientes programas: el «Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género», el «Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero», el «Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad ‘Macachas y Remedios’», el «Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado ‘Formar Igualdad’» y el «Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad».
La medida, formalizada a través de la Resolución 291/2025 , se publicó este viernes en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de «simplificar la intervención estatal y garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado Nacional, en consonancia con los principios de racionalidad, eficacia y sostenibilidad en la administración pública», según indica el texto oficial.
La cartera de justicia justificó esta decisión en los resultados de auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que detectaron «deficiencias en la administración de los recursos públicos asignados, superposición de funciones con otras dependencias del Estado y falta de indicadores de impacto que justifiquen la continuidad de ciertos programas implementados en la materia».
El texto oficial también señala que la falta de «criterios uniformes» para la evaluación de impacto «ha dificultado la medición de los resultados alcanzados» y, en consecuencia, «ha impedido verificar su efectividad en términos de la mejora de la situación de los grupos destinatarios».
Además, el documento advierte que «el funcionamiento de los programas mencionados ha evidenciado limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas sociales en la materia» y destaca que el uso eficiente de los recursos públicos es esencial para «evitar la duplicación de esfuerzos y asignar los recursos disponibles a iniciativas susceptibles de producir resultados concretos y medibles».
En este sentido, el Ministerio de Justicia consideró que «la adopción de medidas orientadas a la supresión de estructuras y programas de escasa eficacia, o cuya continuidad no se encuentra justificada por indicadores de impacto, constituye una acción necesaria para cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal imperantes en la administración pública».
La resolución también instruye a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa a que adopten las medidas necesarias para la efectiva implementación de esta disposición.