El comisario Melchiori sube la apuesta y denuncia al juez Lineras
El comisario Daniel Melchiori, ahora denuncia al juez Rodolfo Lineras, quien llevó adelante las audiencias de hábeas corpus solicitadas por los médicos de Córdoba de la Asociación Civil «Todos con Todos», cuestionando al juez por abuso de autoridad y mal desempeño.
Cabe recordar que la causa inicia el pasado 17 de agosto en un procedimiento policial donde fue detenida una médica del contingente de la Asociación Civil «Todos con Todos», quienes denunciaron al comisario por abuso de autoridad y detención arbitraria de la profesional.
CUESTIONAMIENTO AL JUEZ
En su denuncia el comisario Melchiori, dijo que «también el juez Lineras es un funcionario parcial con fuertes vínculos políticos con el peronismo, recordando que durante el año 2024 el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, fue nuevamente en contra del Gobierno Provincial de Leandro Zdero ordenando la clausura del Módulo VII del Complejo Penitenciario Provincial II.
Cabe recordar que allá por el año 2017, el juez Lineras que hoy es denunciado por el comisario Melchiori, en un juicio oral contra el comisario, que estaba acusado de «apremios ilegales agravados por cometerse por violencia y vejaciones en concurso ideal» lo absolvió. En esa ocasión, la parte acusadora la fiscal de Derechos Humanos Silvia Slusar había pedido más de tres años de prisión para el comisario Melchiori por haber golpeado en el marco de un acto eleccionario a un dirigente político, a quien el comisario al hacer uso de la fuerza para detener al conducido le habría ocasionado algunas lesiones, que derivaron en una denuncia y el posterior juicio.
Asimismo, la semana pasada, habría sido apuntado el párroco de la localidad de Taco Pozo como presunto cómplice de una familia que instaló en una propiedad privada, unas cámaras de vigilancia que apuntaban a la comisaria de esa localidad. Considerando esta acción como una maniobra de espionaje, según la denuncia ante el fiscal, lo que derivó en el secuestro de esos elementos de filmación que fueron entregados por el mismo párroco quien manifestó que las mismas fueron instaladas por la familia que reside en esa vivienda.
TODOS DENUNCIADOS
La semana pasada en Taco Pozo hubo denuncias cruzadas por parte del comisario quien también en la fiscalía penal de investigaciones 1 de Sáenz Peña denunció a la jueza Silvia Arias.
El comisario la acusó de intentar hacerlo caer en una presunta «desobediencia judicial» al llamarlo el miércoles 3 de agosto para conversar. Melchiori dijo que la llamada mediante mensajes se realizó esa mañana de miércoles con la resolución cautelar de una medida perimetral contra cuatro mujeres, entre ellas la de la jueza Arias. Sin embargo, se pudo saber desde el mismo oficio judicial, que la medida impartida por el juez Rodolfo Lineras, fue al finalizar las audiencias con los médicos de Córdoba, siendo redactada la cautelar pasada las 14 horas de ese miércoles. Por lo que la jueza, en esa mañana no habría incurrido en ninguna maniobra de intento de desobediencia como denunció el comisario», según los datos a los que tuvo acceso NORTE.
LA PALABRA DE LA FUNDACIÓN
Tras conocerse las denuncias del comisario Melchiori, la médica y presidenta de la Asociación Civil «Todos con Todos», Viviana Yzaguirre dijo «quiero expresar, en primer término, nuestro reconocimiento por la rápida y firme intervención frente a los graves hechos ocurridos en Taco Pozo, que incluyeron la agresión física a un voluntario y la detención absolutamente arbitraria de una médica de nuestro equipo, ejecutadas por el comisario Melchiori».
Las medidas dispuestas —restricción perimetral, retiro del arma reglamentaria y traslado del funcionario— constituyeron acciones inmediatas, necesarias y valiosas, que agradecemos y destacamos públicamente. Sin embargo, corresponde señalar que el carácter transitorio de dichas disposiciones resulta insuficiente frente a la magnitud de lo sucedido. Nos encontramos ante un funcionario que, en el ejercicio de su autoridad, ha actuado con absoluta arbitrariedad, utilizando móviles secuestrados como propios, privando de libertad sin orden judicial y ejerciendo violencia física. Todo ello constituye un riesgo grave, no solo para los integrantes de nuestra organización, sino para la comunidad de Taco Pozo en su conjunto. Resulta aún más preocupante que, lejos de asumir su responsabilidad, el comisario intente invertir los roles denunciando falsamente hostigamientos y amenazas, en un intento de victimizarse y desviar el foco de su propia conducta».