Chaco aprobó el control toxicológico obligatorio para todos los funcionarios públicos
La Legislatura chaqueña aprobó la ley que establece el control toxicológico obligatorio para todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado, una medida que busca fortalecer la transparencia institucional y que, según sus impulsores, fue discutida durante más de una década.
El diputado provincial Rubén Omar Guillón, autor del proyecto, habló sobre este miércoles y subrayó que la iniciativa apunta a «brindar total transparencia y tranquilidad a los ciudadanos», además de detallar las particularidades de la ley.
En principio, la ley establece que deberán someterse de forma obligatoria al estudioel gobernador y vicegobernador; ministros y secretarios del Ejecutivo; diputados provinciales; jueces, fiscales y funcionarios judiciales; integrantes de organismos constitucionales e intendentes, concejales y autoridades municipales (previa adhesión de cada municipio)
En tanto que explicó que el control será anual, y la norma entrará en vigencia plena una vez sea reglamentada. Eso significa que los funcionarios contarán con un plazo de dos meses para realizarse el primer examen.
Guillón señaló que el estudio deberá ser abonado por cada funcionario. La ley habilita dos centros públicos para realizar la rinoscopía:
- Laboratorio Central del Chaco
- Instituto Médico Forense del Poder Judicial
- No obstante, quienes prefieran realizarlo en instituciones privadas también podrán hacerlo.
Por otra parte, el legislador explicó que la norma replica el mecanismo de confidencialidad que ya se aplica en las fuerzas de seguridad. El proceso contempla la reserva de identidad y notificación confidencial, con acompañamiento estatal y a posibilidad de acceder a licencias especiales, con una rehabilitación voluntaria.
«No se busca estigmatizar a nadie. Se garantiza privacidad y se ofrece la posibilidad de iniciar un proceso de rehabilitación. Si el funcionario acepta, se protegen sus derechos laborales», afirmó Guillón.
LA VOTACIÓN
La iniciativa fue aprobada con 28 votos afirmativos, mientras que la diputada Cubells fue la única que solicitó que el proyecto permaneciera en comisión. La ley también invita a los municipios a adherirse para que el control alcance a los funcionarios de los gobiernos locales.
Ahora es el turno del Ejecutivo de promulgar o vetar la ley. En caso de que ocurra lo segundo, Guillón explicó a este medio que «la sanción legal vuelve al recinto para un nuevo debate y sobre todo para considerar las objeciones que se puedan tener».
Con esta sanción, Chaco se convierte en una de las pocas provincias del país en implementar un control toxicológico obligatorio para su dirigencia política y judicial, en un intento por reforzar la credibilidad institucional y prevenir situaciones vinculadas al consumo problemático de sustancias.