Récord histórico de presos en Argentina más de 121 mil detenidos y cárceles colapsadas
Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advierte que el crecimiento sostenido del encarcelamiento, el uso intensivo de la prisión preventiva y la proliferación de penas cortas profundizan una crisis estructural del sistema penitenciario argentino, con fuertes desigualdades entre provincias y serias alertas en materia de derechos y salud mental.
Argentina registró en 2024 la mayor cantidad de personas privadas de la libertad desde que existen registros sistemáticos: 121.443 detenidos en todo el país, con una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada 100.000 habitantes y establecimientos penitenciarios que funcionan, en promedio, al 130,2% de su capacidad. Los datos surgen del informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Año 2024, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
El documento advierte que el crecimiento del encierro penitenciario no es un fenómeno aislado ni reciente. En los últimos 25 años, la población carcelaria mantuvo una tendencia ascendente casi ininterrumpida, con la única excepción del año 2020, durante la pandemia. Sin embargo, el incremento registrado en 2024 fue particularmente significativo: la población detenida creció un 7,1%, por encima del promedio histórico anual del 6%.
Durante 2024, distintas jurisdicciones ampliaron su capacidad de alojamiento penitenciario en un 17,5%, mediante la apertura de nuevos pabellones o unidades. No obstante, el ritmo del encarcelamiento superó la capacidad de absorción del sistema, lo que impidió una reducción efectiva de la sobrepoblación.
A nivel nacional, el índice de ocupación alcanzó el 130,2%, lo que implica que hay 130 personas detenidas por cada 100 plazas disponibles, cifra que refleja una situación estructural de saturación que se mantiene incluso en contextos de expansión edilicia.
Las provincias con niveles de sobrepoblación superiores al promedio nacional fueron Salta, San Juan, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe. En el extremo opuesto, solo Catamarca, Tucumán, Chubut y Santiago del Estero registraron ocupaciones inferiores al 90%, funcionando dentro de parámetros formales de capacidad.
Perfil de la población carcelaria
El informe del CNPT detalla que el 95,4% de las personas privadas de la libertad son varones, y que se trata mayoritariamente de una población joven: seis de cada diez detenidos tienen entre 21 y 39 años.
La población extranjera representa el 4,5% del total, un porcentaje alineado con la composición demográfica general del país. No obstante, su presencia es significativamente mayor en el Servicio Penitenciario Federal, donde asciende al 16,1%, vinculada principalmente a delitos federales y de tráfico en zonas de frontera.
En términos judiciales, el 62% de las personas detenidas tiene condena, mientras que el 37,3% permanece en prisión preventiva. Aunque el porcentaje relativo de procesados mostró una leve disminución, la cantidad absoluta de personas sin condena firme continúa en aumento: pasó de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024.
El informe también señala una brecha de género significativa. Mientras que el 36,8% de los varones privados de la libertad se encuentra procesado, en el caso de las mujeres el porcentaje asciende al 48,6%, lo que evidencia un uso más intensivo de la prisión preventiva en esa población.
Delitos predominantes y penas de corta duración
La tipología del delito varía según el género. Entre los varones predominan los delitos contra la propiedad, mientras que en mujeres y personas trans la principal causa de encarcelamiento son los delitos vinculados a estupefacientes, que representan el 36,3% y el 34% de los casos respectivamente. En los varones, este tipo de delitos alcanza solo el 10,5%.
Uno de los datos que el CNPT destaca como clave para el diseño de políticas criminales es que el 17% de las personas condenadas cumple penas menores a tres años, lo que equivale a 12.787 detenidos. Según el organismo, se trata en su mayoría de delitos de baja o nula violencia, que podrían admitir medidas alternativas al encarcelamiento bajo determinadas condiciones.
Salud mental y encierro
El informe dedica un apartado específico a las personas privadas de la libertad bajo medidas de seguridad curativas por motivos de salud mental. A nivel nacional, se contabilizaron 256 personas en esta situación, lo que representa el 0,2% del total de la población carcelaria y se ha mantenido relativamente estable en la última década.
Sin embargo, existen fuertes disparidades regionales. En provincias como Misiones, este grupo alcanza el 4,8% de la población detenida, superando ampliamente el promedio nacional. El CNPT advierte que el alojamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos penitenciarios genera múltiples vulneraciones de derechos, debido a la tensión permanente entre las lógicas de tratamiento y seguridad, que suele resolverse en detrimento de la atención sanitaria adecuada.