El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Se trata de un proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio.
La ley fue aprobada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
«El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito», afirmó Patricia Bullrich, quien agregó: «Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes».
Por su parte, el peronismo reiteró su oposición a la iniciativa, y advirtió que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, al tiempo que remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
En esa línea, el chaqueño Jorge Capitanich señaló: «Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva».
LOS PUNTOS CENTRALES DE LA LEY
La norma aprobada por el Congreso crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad.
El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
Asimismo, el régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes.
Además, se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación.
Así, la privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.