Renunciaron 1.800 empleados públicos en lo que va del año por no cumplir con los horarios de trabajo
El Gobierno trabaja en un nuevo régimen de incentivos y sanciones para empleados públicos, que estará a cargo de un organismo autárquico, segúnel proyecto sobre el que trabaja Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional, que reporta directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El programa ya tuvo el visto bueno del presidente Mauricio Macri y se lo encargó al funcionario que más cerca trabaja con Elisa «Lilita» Carrió.
Mientras tanto, y en medio de la profundización de los controles a los empleados públicos, unos 1.800 agentes presentaron su renuncia en lo que va de 2018 por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia.
El objetivo oficial es crear un organismo especializado, que esté en condiciones de evaluar y sancionar las irregularidades «administrativas y disciplinarias» de los empleado públicos. Se trata de un programa de integridad, para fomentar la «meritocracia en la administración pública», dijo Sánchez a Clarín.
De hecho, ya existe un funcionario a cargo de la Secretaría de Empleo Público, Pablo Legorburu, bajo el ala del vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, que trabaja en esa misma línea. Por eso, se está armando una mesa de trabajo para unificar criterios en torno al nuevo proyecto, donde participarán Ibarra, Sánchez, Legorburu y el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, entre otros.
«La idea es que se puedan castigar en forma eficiente las conductas impropias de los empleados, ya que hoy día esa función está muy limitada, al quedar en manos de las áreas de Recursos Humanos de cada ministerio u organismo descentralizado», dijo una fuente que participa en la elaboración del proyecto para crear un organismo sumariante. «Ahora es muy complicado sumariar a un empleado que insulta o le pega a otro, ya que lo más probable es que el oficial sumariante trabaje en el mismo edificio que el agresor. Al crear un organismo autárquico, que atraviese toda la administración pública, podríamos mejorar la instrucción de sumarios y la aplicación de sanciones efectivas», agregó la fuente.
Uno de los aspectos sobre los que más trabajó el Gobierno hasta ahora fue el de premios y castigos por el presentismo de los trabajadores estatales. Con este sistema hubo 1.800 empleados públicos que renunciaron durante el último año, por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia. Mientras que 80.000 empleados cobraron plus por presentismo y el Estado descontó $ 30 millones por ausencias injustificadas.
El control del presentismo forma parte de una estrategia más amplia que diseñó el disuelto Ministerio de Modernización -actualmente Secretaría de Gobierno-, que incluye el congelamiento del ingreso de nuevos empleados públicos y un mecanismo de movilidad interna entre las diferentes dependencias estatales, junto con planes de capacitación y concursos para los empleados públicos.
Mientras que entre 2005 y 2015 la Administración Pública Nacional (APN) incrementó su tamaño un 88%, sumando 112.400 empleados; desde que asumió Macri el personal civil de la APN se redujo un 13,6%, con la baja de 32.705 trabajadores. «Esto representa un ahorro de unos 18.000 millones de pesos», dijo una fuente oficial.
El vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, señaló que el Gobierno trabaja en una «estrategia integral de recursos humanos basada en dos ejes centrales: la jerarquización del empleo público y la organización del Estado». Para ello, se diseñaron mejoras en la carrera administrativa, la alta dirección pública, los procesos de ingreso al Estado y la cultura organizacional. Además se puso en marcha el «plan de dotaciones», que busca establecer la cantidad y el perfil de los recursos humanos necesarios en cada organismo para cumplir con sus funciones.