Ley de discapacidad ¿Qué dice el polémico proyecto que el Gobierno envió al Senado?
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que introduce cambios estructurales en el régimen de discapacidad, con foco en el control de pensiones por invalidez, la revisión de beneficiarios y una reconfiguración del sistema de prestaciones, en medio de cuestionamientos de distintos sectores que denuncian un posible retroceso en derechos.
El eje central de la iniciativa es un reempadronamiento obligatorio para todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. Los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. El incumplimiento de estos requisitos dentro de los plazos establecidos derivaría en la suspensión automática del beneficio.
Además, el proyecto establece un sistema de verificación cruzada de datos con organismos públicos como ANSES, ARCA y SINTyS. En los casos considerados inconsistentes o dudosos, la pensión podría ser suspendida de manera preventiva mientras se revisa la información.
Otro de los puntos clave es la modificación del esquema de financiamiento. La iniciativa fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o por zona desfavorable.
También cambia el mecanismo de actualización de los aranceles para prestadores, que pasaría a ser trimestral o atado al índice de precios en situaciones excepcionales.
El texto incluye la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad , lo que implicaría dejar sin efecto herramientas vigentes hasta ahora y modificar el marco de intervención estatal en el sector.
En materia laboral, el proyecto introduce una incompatibilidad total entre la percepción de la pensión y el empleo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad que estén registradas en el mercado laboral perderían el beneficio, al tiempo que se eliminan programas vinculados a la inclusión y promoción del empleo.
También se habilita la firma de convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que podría derivar en una mayor descentralización del sistema y en cambios en la negociación de prestaciones con obras sociales y prepagas.
El rechazo de las organizaciones
Las reacciones no tardaron en aparecer. Referentes del sector, familias y personas con discapacidad cuestionaron el alcance de la iniciativa y advirtieron sobre su impacto. La actriz Lola Berthet sostuvo que «el objetivo es que la gente con discapacidad se muera, que no tenga dignidad ni derechos».
En la misma línea, la madre de un niño con autismo expresó: «Para este Gobierno, una persona con discapacidad no produce. Si este proyecto avanza, nos hunde a todos. No tiene ni que tratarse, el rechazo tiene que ser absoluto».
En ese contexto, distintas organizaciones reforzaron la convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud para exigir la continuidad de la emergencia en discapacidad y rechazar los cambios propuestos.