Podrían dictarle prisión preventiva a la «médica trucha» chaqueña
La situación judicial de Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco haciéndose pasar por profesional de la salud, podría agravarse en las próximas horas. El fiscal Marcelo Soto se encuentra en condiciones de resolver su situación procesal y no se descarta que solicite la prisión preventiva de la imputada.
El plazo judicial vence esta semana: el miércoles se cumplirían los diez días establecidos para definir el futuro procesal de Ojeda, aunque la resolución podría verse demorada debido a que el fiscal solicitó licencia el pasado viernes, por lo que aún no está confirmado si retomará sus funciones esta semana.
En paralelo, la investigación espera un nuevo elemento clave: una junta médica del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), prevista para el viernes, que podría aportar datos determinantes para la causa.
LOS DETALLES DE LA FALSA MÉDICA
Ojeda, de 43 años, está acusada de usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, este último cargo vinculado a la muerte de un paciente de 63 años ocurrida el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi.
Según la investigación, la mujer habría utilizado la matrícula profesional de un médico real, Horacio Daniel Vázquez, para desempeñarse en hospitales públicos, firmar recetas, diagnósticos y al menos nueve certificados de defunción. Solo en el hospital de Quitilipi, donde trabajó desde mayo de 2025, habría atendido a más de 1.200 pacientes .
El caso comenzó a salir a la luz tras denuncias de personal médico y de enfermería de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, quienes advirtieron presuntas irregularidades en sus conocimientos y procedimientos durante las guardias.
Tras la denuncia, Ojeda abandonó la provincia y fue detenida días después en el partido bonaerense de Tres de Febrero, durante un operativo conjunto entre la Policía del Chaco y fuerzas de Buenos Aires. Desde entonces permanece detenida en Sáenz Peña, a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3.
Durante los allanamientos en su domicilio, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes, documentación vinculada a pacientes, un sello oficial del Hospital «Dr. Emilio F. Rodríguez» de Quitilipi y fragmentos de papeles quemados, elementos que forman parte del expediente judicial.
Además del caso por la muerte del paciente de Quitilipi, la fiscalía continúa reuniendo testimonios y evaluando nuevas denuncias por presunta mala praxis, mientras también se analiza si existieron responsabilidades administrativas o penales de autoridades hospitalarias que permitieron su contratación sin verificar sus credenciales.