Tras desregular la navegación, una barcaza chocó el puente Chaco Corrientes y volvieron las restricciones

Publicado 6 octubre, 2026 | Provinciales

El accidente volvió a poner bajo la lupa la política de desregulación fluvial del Gobierno. Prefectura redujo las dimensiones permitidas para los convoyes, mientras continúa la investigación sobre las causas del impacto y los daños en la defensa del viaducto.

Un remolcador paraguayo chocó contra una de las defensas del puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, provocó daños en la estructura de protección y dejó cinco barcazas a la deriva. Tras el incidente, Prefectura Naval Argentina resolvió reducir nuevamente las dimensiones máximas de los convoyes habilitados para atravesar el viaducto.

El episodio ocurrió en medio de una política de flexibilización de las regulaciones para la navegación comercial impulsada por el Gobierno nacional. Uno de sus principales promotores es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien incluso un mes antes del accidente había cuestionado públicamente la obligación de fraccionar determinados convoyes para atravesar este sector del Paraná, al considerar que generaba costos innecesarios.

La avanzada desreguladora ya había generado un fuerte conflicto apenas dos meses antes. El 30 de julio, el Gobierno publicó el Decreto 690/2026 , que modificó el régimen de practicaje y pilotaje con el argumento de eliminar exigencias consideradas «obsoletas» y ampliar la competencia en una actividad clave para la circulación de buques por puertos y vías fluviales.

La decisión derivó en medidas de fuerza de los prácticos, unos 180 buques demorados y pérdidas estimadas cercanas a los 300 millones de dólares. Ante el impacto del conflicto, el Ejecutivo terminó retrocediendo: suspendió el decreto, restituyó temporalmente la normativa anterior y abrió una mesa de negociación con el sector.

Sin embargo, la discusión por la flexibilización de las condiciones de navegación continuó. Sturzenegger volvió a poner bajo cuestionamiento restricciones aplicadas a los grandes convoyes que recorren la Hidrovía, entre ellas el fraccionamiento de las formaciones al atravesar determinados sectores del Paraná.

En ese contexto se produjo el accidente del remolcador Tío Jan el pasado sábado. La embarcación, de bandera paraguaya, navegaba aguas abajo cuando alrededor de las 3.46 impactó contra la estructura que protege el pilote Nº 5 del puente General Belgrano. El golpe desplazó parte de la defensa y provocó la separación de cinco barcazas del convoy.

Las embarcaciones quedaron inicialmente dispersas en el río y dos de ellas llegaron a varar fuera del canal principal. Después de varias horas de trabajo, las cinco fueron recuperadas y trasladadas a un sector seguro.

Con luz diurna, Prefectura inspeccionó el lugar y constató el desplazamiento de la defensa respecto de su posición original. También se relevaron daños en el sector afectado mediante imágenes tomadas con un dron. Posteriormente, autoridades provinciales señalaron que no se habían detectado daños estructurales en la pila principal del puente, aunque la protección contra impactos sí resultó afectada.

La respuesta de Prefectura llegó inmediatamente después del accidente: dispuso que los convoyes que atraviesen el puente no podrán superar, de manera preventiva, los 180 metros de eslora y los 50 metros de manga, tanto aguas arriba como aguas abajo y durante el día o la noche.

La decisión resulta particularmente significativa porque hasta el choque regían parámetros más amplios para determinados convoyes. En 2023, Prefectura había autorizado formaciones de hasta 230 metros de eslora y 50 metros de manga para remolcadores con determinada potencia. Después del impacto del Tío Jan, la autoridad marítima volvió a reducir ese límite.

El accidente también reavivó las advertencias del sector marítimo sobre las consecuencias de avanzar con desregulaciones sin contemplar las particularidades de cada tramo de la Hidrovía. El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) reclamó que cualquier modificación normativa preserve como prioridad la seguridad de la navegación y recordó que el fraccionamiento de los convoyes en el área del puente no surgió de manera arbitraria, sino de antecedentes de incidentes registrados en ese paso.

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