Ordenan detener a un juez federal y a dos de sus secretarios por sus vínculos con el narcotráfico
Fueros. Esa fue la capa protectora que esta madrugada evitó que el juez federal N° 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, terminara en una celda acusado de ser el jefe de «una organización criminal orientada a la percepción de dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a narcotraficantes».
Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada convencieron al juez federal de Capital Sergio Torres de ordenar su indagatoria en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a traves de la ciudad de Itatí.
El escándalo y las capturas también alcanzaron a sus dos secretarios, cinco abogados y un ex intendente. Todos serán interrogados entre el jueves y el viernes en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Fue una verdadera bomba que estalló cuando todavía no se había hecho de día. Hubo siete allanamientos y Soto Dávila será notificado de la acusación en su juzgado.
Como su estatus de juez lo protege de ir preso, Torres siguió los pasos formales y le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.
La solicitud de juicio político no tomó por sorpresa a nadie. Soto Dávila ya venía muy cuestionado por irregularidades serias en su juzgado, un polo de poder en Corrientes ya que en su persona también se concentra la Justicia Electoral. Tal vez por esto, pero pese a las reiteradas denuncias en su contra, el correntino había logrado siempre aguantar la presión.
Su caso tiene algunas importantes coincidencias con las del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso. Indagado y procesado en noviembre de 2015 por favorecer a narcotraficantes desde su posición en una de las zonas más calientes del país, Reynoso renunció a su cargo en mayo del 2016, pocos días antes de que comenzara su jury.
Desde entonces quien se había promocionado durante años como el máximo luchador contra el narcotráfico está preso precisamente por proteger a los traficantes. A principios de año comenzó el juicio oral en su contra, un debate que se extendió más alla de cualquier cálculo y cuyo veredicto podría pasar para el 2019.
Fiestas y poder
«En el marco de la organización de la que formé parte, hubo contacto con funcionarios políticos y judiciales para obtener determinados beneficios», declaró hace pocas semanas un arrepentido ante el juez Torres, que en su investigación ya decomisó casi 15 toneladas de marihuana e indagó a 122 personas, 89 de las cuales ya fueron elevadas a juicio oral.
La declaración del arrepentido (uno de los seis que tuvo en caso en dos diferentes etapas) consta en el procesamiento que Torres le dictó a Juan Manuel Faraone. El ex intendente de la localidad de Empedrado fue detenido el 19 de octubre octubre junto a su hija gendarme, en el marco de esta misma investigación en la cual ya fueron elevados a juicio el intendente y el viceintendente de Itatí, Natividad «Roger» Terán y Fabio Adrián Aquino, respectivamente.
«Conocí a Faraone a través de ‘El Chino’, que vendía cocaína al menudeo en Laguna Seca; le vendía cocaína a Faraone para las fiestas que éste organizaba en su yate de Paso de la Patria, a las que asistía el juez (federal Carlos) Soto Dávila y Federico Grau (su secretario)», contó el arrepentido apuntando al juez.
A este tipo de declaraciones, Torres sumó el análisis realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) sobre más de 180.000 llamadas producidas entre el juez Soto Dávila y sus secretarios desde el año 2015 a la fecha. También habría prueba incriminante en dos legajos de investigación patrimonial: uno abierto para estudiar los bienes de los funcionarios judiciales y otro para analizar los movimientos de la cuenta del Banco de la Nación Argentina asignada al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.
La investigación
En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.
Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.
Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.
Dinero a cambio de impunidad. Una fórmula que, casi siempre, asegura el éxito.