Gran operativo en Corrientes por vinculaciones con el ex intendente narco Roger Terán
En la jornada de este martes se está desarrollando un operativo en varias provincias para detener a funcionarios judiciales y abogados vinculados con la causa Operativo Sapucay. Los arrestos fueron ordenados por el juez porteño Sergio Torres.
La investigación
En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.
Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.
Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.
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Fiestas y poder
«En el marco de la organización de la que formé parte, hubo contacto con funcionarios políticos y judiciales para obtener determinados beneficios», declaró hace pocas semanas un arrepentido ante el juez Torres, que en su investigación ya decomisó casi 15 toneladas de marihuana e indagó a 122 personas, 89 de las cuales ya fueron elevadas a juicio oral.
La declaración del arrepentido (uno de los seis que tuvo en caso en dos diferentes etapas) consta en el procesamiento que Torres le dictó a Juan Manuel Faraone. El ex intendente de la localidad de Empedrado fue detenido el 19 de octubre octubre junto a su hija gendarme, en el marco de esta misma investigación en la cual ya fueron elevados a juicio el intendente y el viceintendente de Itatí, Natividad «Roger» Terán y Fabio Adrián Aquino, respectivamente.
«Conocí a Faraone a través de ‘El Chino’, que vendía cocaína al menudeo en Laguna Seca; le vendía cocaína a Faraone para las fiestas que éste organizaba en su yate de Paso de la Patria, a las que asistía el juez (federal Carlos) Soto Dávila y Federico Grau (su secretario)», contó el arrepentido apuntando al juez.
A este tipo de declaraciones, Torres sumó el análisis realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) sobre más de 180.000 llamadas producidas entre el juez Soto Dávila y sus secretarios desde el año 2015 a la fecha. También habría prueba incriminante en dos legajos de investigación patrimonial: uno abierto para estudiar los bienes de los funcionarios judiciales y otro para analizar los movimientos de la cuenta del Banco de la Nación Argentina asignada al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.