Diputados reanuda sesiones con el debate sobre los barrabravas y extinción de dominio
Con el debate clave del proyecto contra los barrabravas, la Cámara de Diputados abre la actividad parlamentaria.
La actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados de 2019 se abrirá mañana con el debate, en un plenario de comisiones, del proyecto sobre violencia en el fútbol que aumenta las penas para los barrabravas que cometen delitos en los estadios, que debe ser votado nuevamente en el recinto, luego de que en diciembre pasado se votó en general pero su aprobación se trabó en la discusión en particular.
El oficialismo, que ubicó este proyecto como prioridad en la agenda parlamentaria para abrir el período ordinario de sesiones, buscará emitir dictamen en los próximos días de esta iniciativa para llevarla al recinto en la primera sesión del año, que sería convocada para el miércoles 27 de marzo.
Para ello, y según el cronograma diseñado por Cambiemos, la actividad parlamentaria formal de este período se iniciará este martes a las 15 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) y de Deportes, a cargo del kirchnerista Daniel Scioli, donde se avanzará en el dictamen del proyecto para penalizar a los barrabravas.
De todos modos, y si no se logra firmar en esa reunión el despacho, el oficialismo planea convocar nuevamente a los diputados de ambas comisiones para el jueves 21 de marzo, para ahí sí pasar a la firma el dictamen.
En esa línea, el oficialismo ya hizo circular en las últimas horas un borrador -que incluye propuestas planteadas por los bloques opositores en el recinto en la sesión de diciembre- y lograr de esa manera que el texto reúna mayores consensos en el plenario y luego en el recinto.
Si bien hay acuerdo en todos los bloques en avanzar en esta cuestión, en el oficialismo esperan que las bancadas opositoras planteen nuevas objeciones al texto, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña de cara a las elecciones de octubre ya está instalada y el Congreso será su caja de resonancia con vistas a esos comicios.
Se trata del proyecto que fue reflotado por el Poder Ejecutivo luego del escándalo del River-Boca por la final de la Copa Libertadores y que fue debatido en el recinto en el marco de la convocatoria a extraordinarias.
Las diferencias en torno al alcance de las penas y algunos cuestionamientos sobre un posible desequilibrio respecto a las sanciones ya establecidas en el Código Penal, hicieron fracasar la sanción y se terminó votando la vuelta a comisión del proyecto.
“Tenemos que cerrar las puertas a las organizaciones mafiosas que utilizan el fútbol y se retroalimentan de hechos ilícitos. Nosotros queremos salvar al fútbol y proteger a las comisiones directivas de los clubes que son amenazadas por estos grupos”, aseveró Burgos, que rechazó de esta manera los cuestionamientos al proyecto recibidos en el marco del debate en el recinto en diciembre por parte de la oposición, que acusaban al oficialismo de ir en contra de los clubes de barrio y acusó a esos sectores de buscar “empiojar la cancha y confundir a la gente” con este tipo de argumentos.
De acuerdo con el borrador impulsado por Cambiemos, el artículo 10, donde se empantanó la discusión en diciembre, establecerá una pena de prisión de 6 meses a 2 años para la venta, distribución y confección de entradas falsas, en tanto que esa pena se incrementará “al doble en su mínimo y en su máximo” cuando la conducta fuera cometida por un organizador o persona contemplada en la base unificada de datos.
En cuanto a los denominados “trapitos”, se impondrán penas de 1 mes a 2 años a quien ofrezca servicios de cuidado de vehículos sin la autorización correspondiente en las inmediaciones de los estadios, mientras que precisa que la pena será de 3 a 5 años de prisión cuando esa actividad sea realizada mediante la exigencia de una suma fija o variable de dinero.