Cambios en la AFI: no podrán realizar tareas represivas ni cumplir funciones policiales
Tal como lo había señalado en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, el Presidente produjo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 que había establecido «una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la Justicia en las investigaciones criminales».
Alberto Fernández consideró que «corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia».
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de este jueves, el Presidente dispuso que «ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal» y la medida alcanza a la AFI.
Tampoco podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
Asimismo, en el texto publicado en el Boletín Oficial se estipula que a los agentes de la AFI les estará vedado «influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo».
En su punto cuarto, el decreto estableció que esos los entes como la AFI tendrán prohibido «revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial».