Política Debate por una ley que prohíbe los desalojos
Se sancionó en mayo por la pandemia y hoy encierra una polémica.
Una ley de la provincia de Buenos Aires sancionada en mayo por la pandemia suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre. La norma se cuela en causas judiciales y reaparece en la Legislatura provincial en medio de las tomas de tierras en el conurbano. Es que hay un inciso de este proyecto del gobierno bonaerense, que se votó con apoyo oficialista y opositor, que es invocado para frenar desalojos en casos de usurpaciones posteriores al inicio de la cuarentena.
Todavía no hay definiciones del gobierno de Axel Kicillof sobre el futuro de la reglamentación, aunque la efervescencia de las tomas ya recalienta los debates entre los legisladores leales al gobernador y Juntos por el Cambio.
El primer artículo de la ley 15.172 establece que se suspende hasta el 30 de septiembre «toda ejecución o lanzamiento colectivo, sea en sede civil o penal, que afecte a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle». En expedientes como el de la toma de Guernica se echó mano a ese texto para ir contra el desalojo.
La vigencia de la ley más allá de su vencimiento es una incógnita, pero el debate ya comenzó. Luego del apoyo para aprobar la normativa que dieron los bloques de Juntos por el Cambio en mayo, la oposición busca, por ahora sin éxito, detener las consecuencias no deseadas de la ley.
Debate
El diputado Daniel Lipovetzky propuso cambiar la redacción para aclarar que la suspensión de los desalojos corre solo para casos anteriores a la ley. El proyecto no tuvo apoyo oficialista en la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, como tampoco lo tuvo otro de Alex Campbell, que proponía quitarles los planes sociales bonaerenses a quienes participen de usurpaciones. También naufragó otra iniciativa de Lipovetzky que agilizaba la restitución de propiedades a sus dueños. El presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, encabezó en la sesión el rechazo a las propuestas.
Desde Juntos por el Cambio aseguraron a LA NACION que la ley se aprobó con modificaciones hechas por Juntos por el Cambio, porque el proyecto original del gobierno bonaerense «incluía un protocolo para llegar al desalojo que era protomas».
«La ley es para que no se desaloje a inquilinos, a quienes sacaron un crédito, ese es su espíritu», aclaró Campbell a LA NACION. Lipovetzky advirtió que el oficialismo «vendrá con un proyecto de prórroga». En el Senado, según una fuente opositora, la intención es «no renovar el artículo porque se utilizó mal».
El gobierno de Kicillof no adelantó qué hará con la ley cuando se agoten sus plazos. El gobernador giró en los últimos días hacia la postura que subraya la ilegalidad de las tomas. En Diputados, una fuente oficialista sugirió que «habrá una prórroga, porque seguimos en medio de la pandemia». En el Senado, la bancada del Frente de Todos, liderada por Gervasio Bozzano, aspira a «sacar algo conjunto» con la oposición.
En la causa de Guernica, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta rechazó que el defensor oficial apelara al artículo 1 para oponerse al desalojo. Consideró que si el juez «procede a interpretar la ley en forma textual como lo hace el defensor oficial, se estaría legitimando que cualquier persona se introduzca en un inmueble por medio de violencia, amenazas, clandestinidad y/o abuso de confianza, y se ampare en esta ley para no ser desalojado hasta el final de la pandemia».
La Plata también tiene usurpaciones. En diálogo con LA NACION, el fiscal platense Marcelo Romero explicó que la ley «es transitoria, basada en la pandemia y la cuarentena» y que «está todo suspendido». No obstante, remarcó: «Que se suspenda el desalojo no significa que no se pueda ordenar y que quede supeditado a la vigencia de esa ley».