Buscan sancionar con prisión a quiénes impidan abortos legales
Diputados de diferentes bloques del oficialismo y de la oposición presentaron un proyecto que propone reprimir con penas de 3 meses a 1 año de prisión para quienes ejerzan violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o profesionales de la salud, y establece de 1 a 3 años de prisión si esas acciones tuvieran como objetivo impedir una práctica de interrupción legal de un embarazo en casos no punibles.
El proyecto busca incorporar un artículo el Código Penal para “tipificar una conducta que, si bien puede verificarse en muchos ámbitos, reviste particular importancia en la actividad médica, donde diariamente se ponen en juego la salud y la vida de las personas”.
A través de la iniciativa, se propone reprimir “con prisión de tres meses a un año quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.
La misma pena será aplicable a quiénes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias.
Asimismo, el proyecto establece que la pena se elevará de uno a tres años “si las acciones tipificadas tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo, o si como resultado de las conductas descriptas en este artículo se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la o las personas perjudicadas por las mismas”.
El texto hace referencia a una situación de estas características ocurrida el mes pasado en el Hospital Rivadavia cuando, ante el fracaso de una denuncia penal para intentar detener el procedimiento de interrupción legal del embarazo, conforme a la ley vigente por peligro en la salud de la madre, un grupo de militantes «por las dos vidas» se autoconvocó para impedir esa práctica.
En los fundamentos, los diputados sostuvieron que la propuesta busca “contemplar como un agravante, además del peligro de vida, a las situaciones en que la conducta tipificada se vincule con los casos en que una persona gestante recurra a un establecimiento médico para la práctica de una interrupción legal de un embarazo”, reglamentados en diversos protocolos aprobados en distintas provincias y en la ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, donde se desarrolló el debate por la legalización del aborto; y por la diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau; del Movimiento Evita, Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra; de la UCR, Alejandra Martínez y Brenda Austin, y de Red x Argentina, Victoria Donda.