Comunicación de Bloque de Rectores en torno a la Vicepresidenta de la Nación
El Bloque de Rectoras, Rectores, Vicerrectoras y Vicerrectores Peronistas manifiesta su preocupación por la falta de garantías observadas en el accionar judicial en torno a la acusación sobre la vicepresidenta de la Nación en ejercicio, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, que convierte al proceso en una persecución sin precedentes en la vida institucional de nuestro país.
El entramado de inexactitudes, parcialidades y presunciones, sumadas a la exaltación de pruebas sin sustento y el ocultamiento de aquellas que resultan evidentes, obliga a pensar en la verdadera intencionalidad de la acusación y en quienes, por detrás de aquellos que la enuncian, la promueven.
La convicción acerca de la necesidad de la división de poderes, significa también la necesidad de que la actividad política no quede subordinada a la expresión corporativa de una parte del sistema judicial. Si una acusación no preserva la presunción de inocencia, ignora la posibilidad de ampliar una declaración y exhibe notables fallas de procedimiento y, sin embargo, alcanza esta instancia del juicio, esto significa, como la afirma la vicepresidenta “que esta condena estaba escrita mucho antes”.
El grado de deterioro que simboliza, no sólo se expresa en términos de presente sino de futuro, comprometiendo el normal funcionamiento de nuestras instituciones y de los dirigentes que desempeñan la representación pública.
El doble juego judicial-mediático que compromete las garantías de quien ha ejercido la Primera Magistratura, excede el riesgo de proscripción a una ideología o a un partido: es una amenaza para el sistema democrático en su conjunto, incluso para aquellos dirigentes que hoy creen sentirse beneficiados por la persecución de la cuál Cristina Fernández de Kirchner es objeto.
Finalmente, este proceso es, también, una represalia vedada a la expresión de las mayorías populares, a la capacidad que la gestión política tiene de reducir o revertir las condiciones de desigualdad de las sociedades y a la institucionalidad necesaria para consolidar el crecimiento de nuestra democracia.
La maniobra, tan oscura como carente de originalidad, ha sido repetida en la persecución de otros líderes de nuestra región. El objetivo es recurrente: aleccionar a los futuros dirigentes de las inconveniencias de desafiar el status
quo y desalentar a los pueblos que guardan esperanzas en el sistema político como garantía de la igualdad de oportunidades.
Quienes la vuelven a ejecutar ignoran, en su lectura parcial de la historia, que cada intento persecutorio sobre los líderes populares no hace más que ratificar el lugar que estos tienen en la historia de sus naciones y en la memoria de sus pueblos.
Enrique Font (IUSM), Sandra Torlucci (UNA), Diana Piazza (UNA), Walter Wallach (UNAHUR), Arnaldo Medina (UNAJ), Alicia Bohren (UNaM), Sergio Katogui (UNaM), German Oestmann (UNCAUS), Manuel Guillermo García Solá (UNCAUS), María Beatriz Gentile (UNCO), Fernando Paul Osovnikar (UNCO), Jorge Calzoni (UNDAV), Ricardo Alberto Serra (UNDAV), Germán Oscar Antequera (UNDEC), César Alberto Salcedo (UNDEC), Jorge Battaglino (UNDEF), Andres Ernesto Sabella (UNER), Gabriela Diker (UNGS), Marcelo Aba (UNICEN), Adrián Cannellotto (UNIPE), Mario César Bonillo (UNJU), Ana Jaramillo (UNLa), Daniel E. Martínez (UNLaM), Daniel Alberto Quiroga (UNLaR), Agustina Rodríguez Saá (UNLC), María Ema Martin (UNLPAM), Walter Panessi (UNLU), Diego Molea (UNLZ), Horacio Gegunde (UNLZ), Hugo Andrade (UNM), Alejandro Robba (UNM), Hugo Santos Rojas (UNPA), Darío Kusinsky (UNPAZ), Lidia Blanco (UNPSJB), Alfredo Alfonso (UNQ), María Alejandra Zinni (UNQ), Roberto Rovere (UNRC), Jorge Ramón González (UNRC), Diego Aguiar (UNRN), Anselmo Torres (UNRN), Daniel Hoyos (UNSA), Carlos Greco (UNSAM), Ana María Llois (UNSAM), Daniel Alfredo Fernández (UNTDF), Andrea Savoretti (UPSO), Pablo Pagola (CIN), Daniel Hugo López (SPU), Liliana Bergesio (UNJu), Rubén Soro (UTN) y Oscar Alpa (SPU).