Congreso de Ecuador anula la condecoración entregada a Cristina Kirchner
La Asamblea Nacional de Ecuador anunció que dejó sin efecto el jueves una importante condecoración que entregó en 2016 a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien es investigada por corrupción en su país.
Una mayoría de 86 de los 137 asambleístas anuló la insignia Manuela Sáenz que se le otorgó a Kirchner hace dos años, cuando el unicameral Congreso ecuatoriano estaba controlado por el movimiento socialista Alianza País liderado por el exgobernante Rafael Correa (2007-2017).
Correa se desafilió de ese partido tras la posesión de Lenín Moreno, con quien sostiene una pugna de poder que llevó a la crisis al oficialismo, al punto de perder la mayoría en el actual Parlamento.
El ala morenista hace mayoría con el apoyo de sectores de oposición al correísmo.
La medida parlamentaria se sumó al retiro hace tres semanas de un busto de Néstor Kirchner de la plaza Argentina, en el norte de Quito, por orden del municipio local que adujo «principios y valores» capitalinos para hacerlo.
Sectores de derecha también plantean que se desmonte un monumento del exgobernante que está en la sede de la Unasur, en las afueras de la ciudad. Néstor Kirchner fue el primer secretario general de ese organismo sudamericano.
La Asamblea Nacional indicó que concede la condecoración Manuela Sáenz a jefes y exjefes de gobierno y del Legislativo por su liderazgo, labor política y convicción social.
La asambleísta Ana Galarza, del partido Creo (de oposición a Correa), presentó la moción de dejar sin efecto el reconocimiento a Kirchner. «No es posible que personajes que traicionaron la fe pública y su ideología ostenten importantes condecoraciones», expresó en un comunicado legislativo.
La expresidenta argentina entre 2007 y 2015 es investigada en un caso de sobornos por al menos unos 160 millones de dólares que salpica al empresariado en su nación.
La ahora senadora es la persona de más alto rango indagada en el caso conocido como «los cuadernos de la corrupción», que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.