El Gobierno elevó el límite de oxígeno permitido en las naftas para amortiguar las subas
El Gobierno nacional avanzó con una modificación técnica en la composición de las naftas que apunta a generar mayor margen de maniobra en el sector energético. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía elevó hasta el 5,6% el límite máximo de oxígeno permitido en estos combustibles.
La medida se enmarca dentro de la política de biocombustibles regulada por la Ley 27.640 de Biocombustibles, que establece los porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol con naftas. En la práctica, el cambio acompaña el incremento en el uso de componentes de origen vegetal dentro de los combustibles tradicionales.
Según los fundamentos oficiales, el ajuste responde a la necesidad de adecuar los parámetros de calidad a niveles de mezcla ya vigentes, que permiten hasta un 15% de bioetanol en naftas. Ese componente eleva naturalmente el contenido de oxígeno, lo que hacía necesario actualizar el límite técnico.
Desde el punto de vista operativo, la modificación no introduce nuevos aditivos ni altera la naturaleza de los combustibles, sino que redefine un umbral para alinearlo con estándares internacionales y estudios técnicos sobre eficiencia energética.
Entre los argumentos que respaldan la decisión, se destaca que «un mayor contenido de oxígeno mejora la combustión, incrementa el octanaje y contribuye a reducir emisiones contaminantes como el monóxido de carbono».
El Gobierno sostuvo que esta flexibilización permitirá a las refinadoras y mezcladoras optimizar costos en un contexto marcado por la volatilidad del precio del crudo a nivel global. En ese esquema, el objetivo central es amortiguar eventuales traslados a los precios finales en surtidor.
El cambio quedó formalizado mediante la sustitución del Anexo II de una normativa previa que regula las especificaciones técnicas de los combustibles líquidos en el país, un apartado clave donde se definen los parámetros de calidad que deben cumplir las naftas comercializadas.
La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y se inscribe en una serie de ajustes regulatorios orientados a sostener el equilibrio entre abastecimiento, costos de producción y precio al consumidor.