El gobierno nacional disputa la recaudación de servicios públicos con provincias y municipios
La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó a 95 empresas que incluyeron tasas municipales o cargos adicionales en las facturas de luz y gas, ajenos al contrato entre proveedor y consumidor. En total, se abrieron 244 expedientes, uno por cada localidad en la que se registraron incumplimientos a la norma, que comenzó a regir el 11 de octubre mediante la resolución 267/2024.
Esta resolución prohíbe incluir cargos como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de servicios públicos. Según la normativa, «la información contenida en las facturas emitidas por los proveedores de bienes y servicios debe referirse exclusivamente al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor», como establece el Artículo 3° de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo con el régimen de penalidades de dicha ley.
Hasta el momento, las imputaciones incluyen empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
El vocero Manuel Adorni reiteró la postura del gobierno e instó a los intendentes a buscar alternativas para recaudar sus tasas sin recurrir a las facturas de servicios públicos.
Por su parte, los intendentes sostienen que el cobro de estas tasas a través de facturas de servicios básicos es una práctica extendida en muchos municipios y que responde a la necesidad de financiamiento para áreas como seguridad, alumbrado público y mantenimiento de espacios verdes. Aunque algunos municipios, especialmente del Conurbano bonaerense, han obtenido amparos judiciales para mantener este tipo de cobros, el gobierno nacional avanza en la implementación de la resolución, buscando que se cumpla en todo el país.