En busca de sumar dólares, el Gobierno apunta a privatizar seis empresas públicas antes de 2025
El Ejecutivo planea vender Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Corredores Viales, Correo Argentino, IMPSA, Tandanor y EANA. La estrategia se implementará con o sin la aprobación del Congreso.
El Gobierno de la Nación tiene la intención de privatizar seis empresas públicas antes del 2025, con el objetivo de aumentar las reservas en dólares y reducir costos operativos. En la lista de entidades a privatizar figuran Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Corredores Viales, Correo Argentino, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), Tandanor y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El exinterventor de Télam, Diego Chaher, será el responsable de llevar adelante las ventas, encabezando una Unidad Ejecutora de Empresas bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo. Esta área se creará mediante un decreto que está en preparación y que reestructurará los ministerios y la subestructura de la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos.
En esta reorganización, algunas secretarías cambiarán de sector, se unificarán o se eliminarán, y se configurará el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. A pesar de las expectativas iniciales, ninguna empresa pública quedará bajo la supervisión de Francos, quien ha solicitado reducir sus responsabilidades operativas para centrarse más en cuestiones políticas.
La administración planea acelerar las privatizaciones y concesiones para ahorrar costos operativos e incrementar las reservas. Desde el entorno de Milei aseguran que el ahorro sería de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales si no tuvieran que financiar la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).
El Gobierno tiene en mente vender empresas cuya privatización no fue sancionada por el Congreso, como el Correo Argentino, EANA, IMPSA y Tandanor, amparándose en los estatutos y reglamentos que permiten maniobras con la participación estatal. También se plantean privatizar Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, para las cuales se están preparando proyectos de ley específicos que serán enviados al Congreso. ARSAT podría seguir el mismo camino.
Un funcionario en declaraciones a un medio nacional dijo: «No queremos ser buenos gestionadores de empresas. No nos interesa. Vamos a acelerar la reducción de estas para poder subirles el precio y la rentabilidad».
El Ejecutivo deberá iniciar el tratamiento de las empresas públicas aprobadas en la Ley Bases ante la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, compuesta por seis senadores y seis diputados. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) serán las encargadas de informar sobre el estado legal y financiero de las empresas.
El proceso de privatización se podrá realizar mediante la venta de activos, acciones, establecimientos o haciendas productivas, así como por la administración con o sin opción a compra durante un plazo determinado, previa fijación del valor de venta. Esta metodología también se aplicará a las concesiones, licencias o permisos.