Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero no la aplicará hasta definir el financiamiento
El Gobierno nacional confirmó este lunes 15 de septiembre que va a promulgar la ley de discapacidad, que el Congreso ratificó después de rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la va a reglamentar hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.
La norma había sido impulsada por la oposición y recibió un masivo respaldo parlamentario, incluso de sectores que habían sido aliados del oficialismo. Tanto en la sanción original como en la insistencia que rechazó el veto presidencial, la iniciativa superó los dos tercios requeridos en ambas cámaras.
«El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso», explicó Francos. En diálogo con Clarín, el funcionario subrayó que la discusión central pasa por el financiamiento: «El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodar partidas. Que me digan si a los jubilados les sacamos para pasarlo a discapacidad».
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley podría generar entre 493 mil y 946 mil nuevas altas en pensiones por discapacidad, lo que significaría un refuerzo fiscal de entre $1,88 billones y $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, se calculan $278.323 millones para la compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
La sanción de esta norma fue el resultado de una crisis en el sistema de atención a la discapacidad, provocada por el congelamiento de recursos y una reducción significativa de beneficiarios tras una auditoría de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). Esa gestión estuvo a cargo de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado tras la filtración de audios en los que se mencionaba un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.
El escándalo potenció el consenso político en torno a la emergencia, que ya había sido impulsada antes de conocerse las grabaciones. Inicialmente, el Ejecutivo había evaluado recurrir a la Justicia para evitar su aplicación, pero finalmente Francos aclaró que el camino será la promulgación, aunque su reglamentación quedará en suspenso hasta que se defina con el Congreso el origen de los fondos.