Hubo 155 femicidios en la Argentina en lo que va de 2019
La violencia machista en la Argentina no cede. Según el informe del Observatorio de Femicidios creado por el Defensor del Pueblo de la Nación, en los primeros siete meses del año se registraron 155 casos. El estudio recalcó que a raíz de esto, 103 chicos quedaron sin madre.
La muestra se basó en los crímenes que sucedieron entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019. El número total de víctimas incluye 18 femicidios vinculados – es decir, el asesinato de personas a partir de la cuales los agresores quieren vengarse- y seis personas trans.
Según los datos relevados, la mayoría de las mujeres tenía entre 31 a 50 años. Aunque se subrayó que entre el rango de menores de 18 años, al menos 13 chicas de 11 años fueron asesinadas.
Con respecto a la relación entre los femicidas y las víctimas, se constató que existía una relación preexistente al crimen. El informe detalló que 34 femicidios fueron perpetuados por exparejas; 10 por el novio actual; y siete por un conocido.
El Observatorio confirmó que la modalidad más empleada por los criminales fue el uso de arma de fuego. A su vez, detallaron que la mayoría de los asesinos también golpeó a sus víctimas y las apuñaló. Del total, 11 de ellas fueron violadas.
Sobre los lugares del hecho, hay una preponderancia en el domicilio de las mujeres, seguido por la propiedad compartida con su pareja. En la misma línea, aclararon que también se registraron al menos 18 casos en la vía pública y uno en un hospital.
En el análisis geográfico, el estudio indicó que la mayor parte de los femicidios se produjeron en la provincia de Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe completan el ranking. En el caso de San Luis y Tierra del Fuego, todavía no se registró ninguno.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la cantidad de femicidas que se suicidaron luego de asesinar a las víctimas. En este punto, desde el Observatorio contabilizaron 38 casos. Otros seis hombres intentaron, pero sobrevivieron.
A raíz de este primer informe, la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso, como medida preventiva, trabajar para el cumplimiento en todo el país de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y la difusión e implementación de la Ley Nº 27.499 (denominada Ley Micaela), para garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.