La Cámara Federal rechazó excarcelar a Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero
La Cámara Federal porteña rechazó hoy excarcelar al empresario detenido Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como M&P en la que fue procesado con prisión preventiva por supuesto lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez había solicitado su excarcelación luego de que, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 cesara su prisión preventiva por la causa conocida como la «ruta del dinero», que se encuentra en la etapa previa a los alegatos del juicio oral.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes integraron la Sala 2 del tribunal de apelaciones, cuyo único juez titular, Martin Irurzun, fue apartado del expediente.
La defensa de Báez había solicitado que el fallo del TOF 4, que había dispuesto el cese de la prisión preventiva en «la ruta del dinero» se hiciera extensivo a las otras causas bajo el argumento de que «ambos expedientes debieron tramitar en forma conjunta» porque se trataría de un supuesto delito continuado basado en una única maniobra global de lavado de activos.
Los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que en el fallo del TOF 4 de la semana pasada se tomó una decisión en base a una prisión preventiva prorrogada en «reiteradas oportunidades» que generó que Baéz estuviera en esa condición durante tres años y ocho meses, pero que esta causa se tramita por separado.
«A diferencia de aquello, en estas actuaciones el nombrado se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, oportunidad en que se dictó su procesamiento con prisión preventiva, tiempo que no luce excesivo ni desproporcionado atento a la complejidad de la investigación, además de que la causa fue recientemente elevada al TOF 4», sostuvieron los jueces Llorens y Bertuzzi.
Los jueces rechazaron así el planteo que la defensa de Báez había hecho contra la decisión con la que el juez federal Sebastián Casanello había rechazado excarcelar al empresario tras señalar que su libertad podía poner en riesgo la investigación.
En este expediente se investigan maniobras realizadas con supuestas empresas fantasma para inyectar dinero en la firma Austral Construcciones a través de M&P, otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
El martes pasado el juez Sebastián Casanello elevó a juicio el expediente que tiene 14 imputados, entre los que se encuentra Báez y sus hijos Luciana y Martín.
«Hacia fines de 2015 y mediados de 2016, de sociedades de dudosa actividad comercial a través de las cuales, mediante la simulación de operaciones comerciales, se habría intentado justificar la inyección de dinero de procedencia ilícita a las empresas del grupo Báez, a nivel local», sostuvo el juez en su auto de elevación a juicio.
En la causa se investiga a los Báez y otras personas por «haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184», según la acusación del fiscal Guillermo Marijuan.
Las maniobras se hicieron «mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron», había sostenido el fiscal.
La maniobras de canalización de ese dinero se habrían realizado a través de distintas sociedades, dentro de las que se encuentran la firma Indigo SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Proydesa SA, Karnix SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu SA y Xhoris SA, de acuerdo a la investigación judicial.
Todas esas firmas realizaron diferentes transferencias bancarias a favor de «M&P SA» –cuyos accionistas y responsables son Martín Báez, César Andrés y Luciana Báez- y de «Austral Construcciones SA», propiedad de Lázaro y Martín Báez, según se dictaminó.
Sobre Báez pesa además otra prisión preventiva dictada por Casanello en el marco de la causa en la que también se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero por la compra del campo «El Entrevero», ubicado en el departamento de Maldonado, en Uruguay.