La defensa sostiene que sus representados no pueden ser enviados al Complejo Penitenciario de Sáenz Peña
Bruno Romero, abogado de los dos detenidos, realizó sus declaraciones luego de que trascienda que Darío Ezequiel Godoy y su padre Darío serían enviados al Complejo Penitenciario II.
El abogado Bruno Romero, quien defiende a las dos personas detenidas por la desaparición de María Luz Herrera, la joven jujeña que desapareció en el mes de septiembre del año pasado cuando vino a Sáenz Peña a ver a su novio, dijo que «de ninguna manera sus defendidos pueden ser enviados al Complejo Penitenciario II«.
Romero realizó estas afirmaciones luego de que el procurador Jorge Canteros adelantara públicamente que ambos detenidos, Darío Ezequiel Godoy y su padre Darío Godoy (este último con prisión domiciliaria), serían enviados a dicho complejo y que a Darío (padre) se le revocaría la prisión domiciliaria por haber incumplido los términos de la misma.
El letrado aclaró que sobre la revocatoria de la prisión y el traslado de sus defendidos al Complejo Penitenciario «no hay nada en concreto«. Además, señaló estar sorprendido por «las declaraciones del Procurador de la Provincia sin haber tenido conocimiento concreto de la causa«. En este punto recordó que Godoy padre «es una persona que tiene problemas cardiológicos y neurológicos, tiene problemas de salud y eso está justificado en la causa«.
Romero mencionó el incidente que tuvo su cliente en el Hospital de Villa Ángela, pero negó que haya violado la prisión domiciliaria.
Por otro lado, el abogado comentó que el médico que atendió a su cliente dijo tener algún parentesco con la joven desaparecida y, según el relato de la esposa de su defendido, el médico le había dicho en tono amenazante «ahora estás en mis manos y puedo poner cualquier cosa en su cuerpo«.
El abogado de la defensa volvió a insistir en la inocencia de sus defendidos: «No hay una sola prueba en contra de mis clientes, estamos soportando y cumpliendo con el proceso judicial».
Al referirse a la causa, dijo que aún están a la espera de los resultados del análisis de los teléfonos celulares y que esto «se debe a que el Poder Judicial no tiene el dinero para comprar una computadora que pueda bajar los respectivos informes de los teléfonos mientras dos personas inocentes están detenidas«.