La reforma laboral de Milei:
Ampliar la jornada, indemnizaciones en cuotas y flexibilizar convenios
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa. Los detalles en la nota.
Tras el contundente triunfo en las urnas, el presidente Javier Milei confirmó que la primera gran reforma que intentará activar será la laboral. La Casa Rosada avanza en una nueva versión de su proyecto de «modernización» del trabajo, que tomará como base la iniciativa presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, y sumará modificaciones debatidas en el Consejo de Mayo.
«Antes de avanzar con la reforma tributaria, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos», afirmó Milei el lunes en una entrevista con A24. El mandatario anticipó además un plan para bajar 20 impuestos y ampliar la base imponible, aunque advirtió que la prioridad inmediata será el mercado de trabajo.
«Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados», desafió el Presidente, apuntando directamente a la CGT, que ya anticipó su rechazo.
La iniciativa que el oficialismo planea reimpulsar lleva el título de «Ley de promoción de inversiones y empleo». No toca la estructura sindical ni la recaudación gremial, dos temas sensibles que generaron la ruptura de la tregua con la CGT en 2024, pero sí introduce cambios sustanciales en la dinámica laboral.
El proyecto busca incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de estimular la contratación. «Una suerte de RIGI para inversores modestos», definieron en el oficialismo. En el plano técnico, habilita vacaciones fraccionadas, bancos de horas, acuerdos de flexibilidad horaria mediante convenios colectivos, y redefine derechos y plazos ante enfermedades o accidentes.
En la letra chica, sin embargo, reproduce parte del capítulo IV del DNU 70/23, suspendido por la justicia laboral y aún pendiente de resolución en la Corte Suprema. Entre los puntos más polémicos figuran:
- La ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
- El pago parcial del salario en «tickets canasta o restaurant».
- El fraccionamiento de indemnizaciones en hasta 12 cuotas.
- Estas medidas ya fueron objetadas en fallos previos del máximo tribunal por afectar derechos adquiridos.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se convirtió en una figura central de la reforma. Ex abogado del Grupo Techint durante 35 años, fue uno de los redactores del capítulo laboral del DNU 70/23 y ahora es el principal operador técnico del nuevo proyecto.
Durante su exposición en el coloquio de IDEA y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Cordero anticipó que el Gobierno buscará revisar la ultraactividad (la prórroga automática de convenios vencidos) y flexibilizar las paritarias, orientándolas hacia esquemas «por productividad y por empresa», como en los años noventa.
El funcionario, que responde a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habla de «negociaciones dinámicas», retomando la retórica de Domingo Cavallo durante la gestión de Carlos Menem, cuando los aumentos salariales se limitaron por decreto y se ataron a la productividad (Decreto 1334/1992).
Desde la CGT, el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, reiteró el rechazo total a la iniciativa. «La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del Decreto 70/23, decisión inconsulta y oportunamente judicializada con éxito por nuestra central», afirmó en un comunicado.
Martínez, representante gremial en el Consejo de Mayo, sostuvo que «la CGT expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23».
Milei imagina el proyecto de Diez como una herramienta para formalizar a los más de 8 millones de trabajadores informales del país. Lo considera una condición necesaria antes de avanzar con su reforma impositiva, que incluiría la reducción de 20 tributos y la simplificación del sistema fiscal.
En la visión presidencial, la modernización laboral no implica pérdida de derechos, sino «crear un entorno competitivo que saque del pantano a la economía argentina».
Sin embargo, el enfrentamiento con la CGT y la resistencia judicial anticipan un nuevo round político y social para el Gobierno, que se apresta a debatir una de las transformaciones más ambiciosas —y conflictivas— de su gestión.