Los fondos fiduciarios, la gran caja política que hizo colapsar la Ley Ómnibus: mueven 1,5 billón de pesos al año
Al menos 29 fideicomisos operan desde hace décadas bajo escasos o nulos controles oficiales. Son utilizados para financiar proyectos y supuestos fines oscuros. Los diputados le negaron a Milei el acceso a los fondos en una caldeada discusión.
Uno de los conflictos en el Congreso a la hora de tratar la Ley Ómnibus, específicamente tras la negativa de halcones y dialoguistas, fue sobre entregarle la potestad a Casa Rosada de disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios; una partida anual que oscila entre los USD $ 8.000 y USD $ 10.000 millones de dólares, y que prácticamente no tiene controles.
Los fondos fiduciarios son la gran caja de la política, y lo fueron durante las últimas tres décadas. El Presidente Javier Milei podría haber las utilizado a discreción en caso de que el Congreso le de esa potestad: la de atender emergencias económicas en distintos puntos del país, afrontar dramas sociales y otras temáticas.
En específico, era el inciso «h» del artículo 4° del proyecto el que le entregaba a Milei la facultad de «transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos».
Hubo enojo en el Gobierno tras el rechazo de halcones y palomas a entregarle esa potestad a Milei. En la actualidad, existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $ 1,5 billones. Representan cerca de 2 puntos del PBI, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso.
De los 29, sólo 24 fondos transfirieron $ 1.025.816.922.615 (más de un billón de pesos) durante los primeros nueve meses de 2023. Estos fondos fiduciarios están destinados, en su mayoría, a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte. Hay fondos como el Procrear, de Infraestructura Hídrida, de Integración Socio Urbana, Manejo del Fuego, entre otros.
Estos fondos funcionan bajo las órbitas de los Bancos Nación y el de Desarrollo Argentino e Hipotecario. Hay controles escasos, o casi nulos. De los 29, sólo 12 fueron controlados durante las últimas décadas, y algunos en sólo una ocasión. Además, el acceso a la información de estos fondos es limitado, a pesar de que deberían ser de acceso público.
Según el periodista Hugo Alconada Mon, quien dio a conocer estos datos este domingo en un artículo publicado en La Nación, «resulta un misterio cómo se gasta ese billón y medio de pesos». También se desconoce quiénes integran los consejos de administración, el personal y cómo fueron seleccionados, entre muchas incógnitas más cuyas respuestas debieran ser de libre acceso.