Más fondos para la Justicia
El Gobierno autorizó un aumento del presupuesto del 280%
La ampliación fue formalizada por la Jefatura de Gabinete mediante una decisión administrativa y apunta a reforzar infraestructura, tecnología y gastos operativos en tribunales de todo el país, tras un entendimiento con el Consejo de la Magistratura.
Tras un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las máximas autoridades judiciales, el Gobierno nacional dispuso un incremento del 280% en partidas clave del presupuesto del Poder Judicial. La medida fue formalizada mediante una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete y busca atender necesidades urgentes de funcionamiento en tribunales federales y nacionales de todo el país.
La ampliación presupuestaria fue autorizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la Decisión Administrativa 1/2026 , publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero. El refuerzo de fondos responde a los montos oportunamente solicitados por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, tras un proceso de diálogo institucional.
Desde el Consejo de la Magistratura informaron que las gestiones permitieron avanzar en la asignación de mayores recursos económicos destinados principalmente a infraestructura, tecnología y otros gastos esenciales para garantizar el normal funcionamiento del sistema judicial en todo el territorio nacional.
En ese marco, el Plenario del Consejo aprobó el pasado 27 de agosto, con 15 votos afirmativos, el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación correspondiente al ejercicio 2026, por un total de $2.007.943.778.229.
En cuanto al detalle de las partidas, la decisión administrativa otorgó $28.973.850.716 en concepto de crédito presupuestario dentro del inciso 4, bienes de uso, del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Ese monto implica un incremento del 280% respecto de lo asignado originalmente por la Ley de Presupuesto N° 27.798.
Según se informó oficialmente, los recursos serán ejecutados conforme a los lineamientos definidos por la Presidencia del Consejo y los consejeros, bajo criterios de criticidad, austeridad y una distribución con alcance federal.