Mendoza: feroz represión contra la movilización popular que rechaza la megaminería
Los hechos se produjeron luego de que el viernes pasado senadores y diputados mendocinos, tanto oficialistas radicales como opositores peronistas, aprobaran por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
Este lunes, las fuerzas de seguridad arremetieron contra la multitud reunida frente a la casa de gobierno, arrojando gases lacrimógenos y balas de goma a mansalva, y atropellando a quienes huían con sus motocicletas.
Esto provocó la estampida de miles de personas en todas direcciones, con la policía capturando discrecionalmente a quienes se demoraban o caían en el asfalto. Esta decisión gubernamental elevó la tensión de la protesta de los manifestantes que provenían de San Carlos, Tunuyán, Luján de Cuyo y Maipú, entre otras poblaciones, que desde la mañana y hasta ese momento se había desarrollado pacíficamente.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial fue aprobado luego de que se acordara con el Partido Justicialista la introducción de modificaciones en el texto. La semana pasada ya se habían realizado movilizaciones que incluyeron cortes de ruta nacionales y provinciales, y los movimientos vecinales y ambientalistas advierten que continuarán.
Las expresiones de malestar por la reforma a la ley 7.722 alertan que la iniciativa permite el uso de sustancias químicas peligrosas para la salud como mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería. Greenpeace advirtió que la reforma “generará la contaminación del agua de la provincia”.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, también sentó posición a favor de los manifestantes y escribió una misiva a Suárez pidiéndole que deje sin efecto la medida. “Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo, es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límite para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente”, expresó.
“Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere consenso específico y explícito, de otra forma se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”, concluyó el religioso.