Nación convoca a audiencias para privatizar rutas nacionales
En un giro decisivo hacia la desestatización de la infraestructura vial, el Gobierno nacional convocó a audiencias públicas para avanzar con la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas. Se trata de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema que impulsa el traspaso de la operación y mantenimiento a manos privadas, con el objetivo de descomprimir el gasto público.
La Dirección Nacional de Vialidad publicó la Resolución 827/2025 en el Boletín Oficial, formalizando el llamado a participación ciudadana. El nuevo mapa vial contempla ocho tramos distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Entre los corredores incluidos, se destacan la autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y rutas estratégicas como la 3, 5 y 7.
Las instancias de participación se realizarán entre el 11 y 13 de junio, en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás de los Arroyos. El Ejecutivo habilitó una inscripción online, libre y gratuita, abierta hasta el 9 de junio. Estas audiencias representan el paso previo a una licitación que busca atraer capital privado sin comprometer recursos estatales.
Según fuentes oficiales, el nuevo sistema no prevé subsidios del Tesoro. Bajo esta lógica, se busca desmontar un esquema que —según sostienen— generaba pérdidas y no aportaba beneficios concretos a los usuarios. El Ejecutivo apuesta a la competencia, la transparencia y la eficiencia como ejes rectores del modelo.
Las rutas bajo análisis conectan zonas industriales, puertos fluviales y nodos logísticos clave para la exportación. Entre ellas, se cuentan accesos al sistema portuario del Paraná, lo que incrementa la expectativa sobre el rol del capital privado en áreas de alto impacto económico. Desde el Gobierno, señalan que las condiciones de inversión «ya están dadas».