Planes sociales: el Gobierno dio de baja a beneficiarios con irregularidades
En medio de la polémica por las irregularidades detectadas por la AFIP con el plan Potenciar Trabajo, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció este viernes que los beneficiarios que incurrieron en incompatibilidades serán dados de baja.
En ese marco, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria relativizó el impacto del asunto, y afirmó que “menos del 0.3% de los destinatarios del programa” incumplieron las condiciones.
“Hemos instruido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo», sostuvo Tolosa Paz, al tiempo que especificó que «hay 2.098 que adquirieron dólar ahorro y otros 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito».
«Representan menos del 0.3% de los destinatarios del programa”, aseguró la ministra.
Asimismo, la funcionaria expresó su interés de “llevar tranquilidad al 99.7% de los titulares del programa, ya que los destinatarios de las políticas sociales son nuestra principal preocupación y los vamos a proteger de cualquier estigmatización».
«Asumí este ministerio con la convicción de ordenar la implementación de las políticas sociales y trabajar para que los recursos lleguen a quienes realmente necesitan. Rechazo la doble estigmatización a la que nos quieren someter: la de la pobreza y la del Estado ineficiente”, señaló Tolosa Paz.
EL INFORME ERA SOBRE 250 MIL CASOS IRREGULARES
En su informe, la AFIP había detectado que unos 250.000 beneficiarios habrían comprado la divisa norteamericana o declarado Bienes Personales.
El dato surgió tras un pedido de informes solicitado el 30 de junio por el entonces ministro, Juan Zabaleta.
En concreto, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, mientras que 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Así, todos ellos podrían ser expulsados a la brevedad.
Tras el informe de la AFIP y en medio de denuncias de la oposición, el fiscal Guillermo Marijuán había pedido la suspensión del plan para los 250.000 beneficiarios que compraron dólares o pagan bienes personales, algo incompatible con el programa.