Presentaron un hábeas corpus contra la prohibición de celulares para los presos en Chaco
La Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia en contra de la ley que prohíbe el uso de celulares e internet en los centros de detención de la provincia.
Según los organismos, la restricción, impuesta por el gobernador Leandro Zdero, agrava las condiciones de encierro y vulnera derechos fundamentales como la comunicación, el acceso a la educación y la resocialización de los internos . Además, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4033-J y una medida cautelar para suspender su aplicación.
Los organismos destacan que el uso de dispositivos móviles ha sido crucial para fortalecer los vínculos familiares, prevenir abusos y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo . También advierten sobre los riesgos de fomentar el uso clandestino de celulares, lo que podría generar un mayor nivel de corrupción dentro de las instituciones penitenciarias. A través de un análisis de los registros de llamados, detallan que una parte significativa de las solicitudes realizadas por los reclusos está relacionada con temas de salud, asesoramiento legal y denuncias de abusos intramuros.
En su presentación, la Defensoría y el Comité subrayan que la medida podría dificultar la denuncia de abusos y violaciones a los derechos humanos dentro de los centros de detención, lo que pondría en riesgo la protección de los internos y contribuiría a un clima de impunidad. Los organismos consideran que la política no solo es desproporcionada, sino que también incumple las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
ESTADÍSTICAS DEL USO DE CELULARES
Con respecto al uso que las personas privadas de la libertad les han dado a los dispositivos móviles, el Comité informó que, según los registros del Área de Intervención Temprana, la mayoría de los llamados realizados desde comisarías y establecimientos penitenciarios están relacionados con pedidos de acceso a la salud, asesoramiento legal y denuncias por abusos intramuros.
Durante 2024 se registraron 907 llamados, con los siguientes motivos:
– Asesoramiento: 22,5%
– Acceso a la salud: 20,4%
– Averiguación de paradero: 8%
– Condiciones de alojamiento: 7,5%
– Abuso de poder: 7%
– Contacto con defensa: 7%
– Tratos crueles: 5,5%
– Tortura: 4,5%
– Acceso a vinculación familiar: 4%
– Hostigamiento/Discriminación: 3%
– Conflicto entre internos: 2%
– Resguardo de integridad: 2%
– Acceso a la comunicación: 2%
– Traslados dentro de la unidad: 1%
– Designación de defensor: 1%
– Robo de pertenencias: 0,5%
– Requisas vejatorias: 0,5%
– Acceso a la educación: 0,5%
– Acoso sexual: 0,1%
En lo que va de 2025, se han registrado 201 llamados, con estos requerimientos:
– Asesoramiento: 29%
– Acceso a la salud: 12,3%
– Condiciones de alojamiento: 9,5%
– Abuso de poder: 8,25%
– Averiguación de paradero: 8%
– Contacto con defensa: 7,35%
– Tratos crueles: 5%
– Hostigamiento/Discriminación: 4,5%
– Conflicto entre internos: 4,5%
– Tortura: 2,75%
– Acceso a vinculación familiar: 2,45%
– Resguardo de integridad: 1,25%
– Acceso a la comunicación: 1,25%
– Traslados dentro de la unidad: 0,9%
– Suicidio: 0,9%
– Robo de pertenencias: 0,9%
– Designación de defensor: 0,6%
– Requisas vejatorias: 0,3%
– Acceso a la educación: 0,3%