Tarifazo: Gutiérrez pide al Gobierno que indique qué porcentaje del salario les quitarán a usuarios
Ante el próximo aumento de los servicios provinciales, el diputado Livio Gutiérrez vertió su opinión acerca de las audiencias públicas que se vienen en el mes de febrero.
Su definición, en primer lugar, de un servicio esencial es “aquel de que debe ser garantizado por el Estado y que su falta de continuidad o interrupción puede provocar situaciones de crisis o poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. La energía eléctrica, el agua y, actualmente, internet”.
Respecto a las inversiones en estos servicios, el diputado señaló que “desde el año 2007 a la fecha, siempre se lo escuchó al gobernador hablar de grandes inversiones que resolverían problemas de la distribución en media y baja tensión; se presentaron varios anuncios grandilocuentes que mejorarían el servicio que presta Secheep y Sameep, pero hoy las empresas son deficitarias y se replican los reclamos de falta de agua en varias ciudades”.
“Sin embargo, la gestión pública en una sociedad democrática, debe tener como característica principal una eficiente capacidad de respuesta a un problema que, no dudamos, es complejo, pero es la gestión que gobierna hace 13 años. Ellos son responsables de producir y desarrollar estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y efectiva para que los usuarios de la empresa Secheep cuenten no solamente con un servicio caro sino con un servicio de calidad, seguro y constante”, puntualizó.
Sobre la gestión pública respecto a estos servicios Gutiérrez indicó que “existen prácticas que marcan la gestión pública» y las características de esta gestión son:
1) hacer audiencias públicas alejadas de las ciudades de mayor cantidad de usuarios;
2) hacer el mismo día y hora para esquivar participación;
3) ocultamiento de información contable o demorada;
4) dar información a la prensa que no es la adecuada, como la recordada frase del cargo especifico variable “rondará los 3 pesos”, siendo variable en la mayoría de los casos. El mismo anda entre los 100 y 200;
5) la de aplicar en forma retroactiva los aumentos;
6) tercerizar servicios con empresas de Santa Fe, existiendo capacidad técnica en Chaco;
7) pagar alquileres de oficinas para el Directorio;
8) no pagar al mayorista CAMMESA generando deudas e intereses;
9) no incluir, pese a la ley, al usuario en la empresa.
“Por ello, me gustaría terminar con la siguiente pregunta ¿Cuánto considera el gobierno que deben influir las tarifas de los servicios públicos esenciales en los ingresos de los chaqueños? No es una pregunta muy difícil y deberían considerar el deterioro de los salarios, ya que los recursos que llegaron al Chaco duplicaron a los aumentos salariales otorgados”, concluyó el legislador.