Trata de personas el Gobierno actualizó el protocolo de detección en pasos fronterizos
El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron hoy, a través de la Resolución Conjunta 3/2025 publicada en el Boletín Oficial, un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos.
La medida actualiza y reemplaza el instrumento vigente desde 2012, con el objetivo de adecuarlo a las transformaciones que registró este delito en la última década y a las modificaciones introducidas por la Ley 26.842.
La norma será de aplicación obligatoria para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan como Policía Migratoria Auxiliar —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, así como para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones.
El nuevo protocolo incorpora lineamientos de la Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del Mercosur y Estados Asociados e introduce herramientas actualizadas para la identificación de víctimas y tratantes, desde indicadores y preguntas orientadoras hasta pautas de abordaje coordinado.
Ámbitos y objetivos
La medida abarca los 237 pasos fronterizos habilitados en el país —terrestres, aéreos, marítimos y fluviales— e incluye tanto los de alto tránsito como aquellos de actividad estacional o baja densidad. Sus objetivos centrales son fortalecer la capacidad operativa del personal en frontera, estandarizar procedimientos de acción inmediata, promover la coordinación interinstitucional y garantizar un enfoque basado en los derechos humanos para la asistencia de las víctimas.
El documento señala que la trata de personas se consolidó como un delito complejo y organizado, con modalidades que incluyen la digitalización de la captación y explotación a través de redes sociales, plataformas de citas y videojuegos; el uso de criptomonedas y la dark web; y la expansión de redes criminales transnacionales que emplean identidades falsas y documentos fraudulentos.
También describe el aumento de la trata con fines de explotación laboral en sectores informales y economías ilegales, así como su incidencia en contextos de crisis humanitarias, desastres y conflictos.
Principios rectores
El protocolo establece pautas de intervención bajo enfoques de derechos humanos, centralidad en la víctima, perspectiva de género y de niñez, consideración de la vulnerabilidad migratoria, no revictimización, no criminalización y no devolución a países o lugares donde la vida o la integridad de la persona corran riesgo.
El monitoreo de la implementación estará a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad y de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberán difundir y actualizar el instrumento de manera periódica y articular mesas de trabajo específicas.
Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar el trabajo en frontera como punto estratégico para la prevención, detección y persecución del delito de trata de personas, así como para la protección de las víctimas.