Este sábado se desató un nuevo escándalo en la Policía del Chaco tras un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la Comisaría Duodécima de Resistencia por connivencia entre los agentes que allí trabajan y vendedores de droga de la zona.
Fue la propia jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger quien detalló que la hipótesis delictiva es que los policías «brindaban protección de alguna manera y a cambio recibirían mercadería para ponerle a otra gente en allanamientos». Por el hecho, cuya investigación está bajo secreto de sumario, hay tres uniformados detenidos.
En comunicación con DCH , la Ministra de Seguridad, Gloria Zalazar defendió el trabajo de su cartera con «monitoreos constantes» que dijo realizar junto a la Jefatura de la Policía. También aseguró que son «implacables» con quienes «infringen una norma e incumplen no solo con la Ley general sino con su deber como funcionarios públicos».
Tal como Ricardo Urturi detalló anoche a este medio , Zalazar volvió a describir el trabajo administrativo que llevó adelante el Órgano de Control Institucional (OCI) que implicó la suspensión preventiva de los tres agentes.
«En el momento en el que se recibió la notificación oficial de la realización de una medida judicial, fuimos notificados como corresponde por la Justicia Federal. Después obviamente se realizó la medida, se notificó la detención preventiva de estas tres personas que son integrantes del personal de la Comisaría y nosotros en conocimiento ya de manera oficial del allanamiento, la detención y los motivos de la detención se procedió a notificar desde el Ministerio al Órgano de Control Interno que realiza las actuaciones pertinentes y la suspensión preventiva de los 3 agentes», indicó la funcionaria.
Sobre la causa, Zalazar evitó referirse a la misma al insistir que la investigación que lleva adelante el fuero federal avanzará «a medida que transcurran los días» y que «seguramente va a haber otro tipo de medidas, supongo yo, si hay una investigación en curso».
«Somos implacables»
«No somos blandos» consideró Zalazar en cuanto a la detección de la «violación de una norma por parte de algún integrante de la fuerza». «De manera ejemplar se procede con la separación preventiva y obviamente la tramitación de las causas administrativas, hasta lograr, en el momento que corresponda administrativamente, la cesantía de quienes infringen una norma e incumplen no solo con la Ley general sino con su deber como funcionarios públicos», agregó.
«En eso somos implacables, hay 33 personas que han sido cesanteadas desde que estamos que tienen que ver con causas judiciales», manifestó y siguió: «No permitimos que nadie dentro de la fuerza policial o dentro del Servicio Penitenciario siendo funcionario público incumpla con las normas internas y además cometa delitos».
Sobre las 33 personas cesanteadas comentó que fueron a raíz de «diversas causales». «Algunas están vinculadas con estupefacientes, otras que están vinculadas a otras y que están en trámite en este momento en el OCI y algunas que están más avanzadas en el Ministerio», dijo y descartó que algunas de ellas hayan sido por una causa de este tenor.
Sobre cómo observó este hecho, que por la gravedad ya tomó alcance nacional, ante la consulta de Diario Chaco contestó: «A nosotros nos preocupa toda situación que se pueda manifestar ya venga de un particular que lo denuncia o por la misma investigación que nosotros hacemos desde el Ministerio o de la Jefatura de la Policía, de manera inmediata se actúa, se interviene, se realizan las actuaciones administrativas y o penales que correspondan y se expulsa a quienes no cumplan con las normas de nuestra Policía y el Servicio Penitenciario»
Finalmente, sobre el trabajo que ejecuta aseguró que «de manera permanente se monitorea, tenemos un Órgano que es el que controla de manera interna las cuestiones meramente administrativas y disciplinarias y desde el Ministerio y desde la Jefatura de la Policía se monitorea permanentemente el accionar policial».