Coordinación federal y tecnología: el Chaco sumará nuevas tobilleras electrónicas para optimizar el monitoreo judicial
En las últimas horas, el ministro de Seguridad local, Hugo Matkovich, selló un acuerdo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para incorporar 40 nuevos dispositivos de vigilancia electrónica al sistema provincial de monitoreo.
La firma se materializó mediante el Acta Complementaria Nº 2 del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, un esquema de cooperación que contó además con la participación activa del subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi.
Destino de los dispositivos y optimización operativa
Las nuevas herramientas tecnológicas estarán destinadas de forma exclusiva al seguimiento y control de personas bajo arresto domiciliario u otras modalidades de ejecución de la pena que requieran supervisión remota por orden de la justicia provincial.
Con esta ampliación de equipamiento, la provincia busca alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
- Ampliación operativa: Incrementar la capacidad instalada para el seguimiento simultáneo de procesados o condenados bajo esta modalidad.
- Modernización del control: Optimizar la eficiencia de las alertas de geolocalización y los mecanismos de seguimiento judicial en tiempo real.
- Coordinación técnica: Establecer pautas de reciprocidad e intercambio fluido de información entre la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) nacional y los equipos operativos del Chaco para el mantenimiento y respuesta técnica inmediata ante eventuales contingencias o violaciones de perímetro.
Fortalecimiento institucional
Desde el Poder Ejecutivo provincial ponderaron el impacto de este convenio como parte de un plan integral que conjuga la inversión tecnológica con el fortalecimiento institucional.
Al dotar al sistema penal de alternativas viables y seguras de control a distancia, se busca aliviar la carga de los servicios penitenciarios tradicionales y agilizar el cumplimiento de las medidas judiciales bajo estándares modernos de gestión pública y seguridad vial y civil.












