Denunciaron penalmente a Evo Morales por estupro y tráfico de personas

Publicado 20 agosto, 2020 | Internacionales

El gobierno interino de Bolivia presentó este jueves una denuncia contra el ex presidente Evo Morales por estupro y tráfico de personas. La presentación fue realizada ante una fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, y llega días después de que tomara estado público una supuesta relación entre el ex mandatario y una menor de edad.

El funcionario abundó sobre la denuncia en una conferencia de prensa, e indicó la manera en que la información llegó a conocimiento de las autoridades: “La cuestión se devela luego de la aprehensión de dos personas que se encontraban en un surtidor (de gasolina) con un vehículo que estaba reportado como robado y era de propiedad pública. A las personas se les secuestraron los celulares y en el peritaje se identificaron fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma”, explicó.

Y agregó: “Vamos nosotros como ministerio de Justicia a ser fieles observadores y coadyuvantes de este proceso para que este tema se aclare. De ser cierta la información documentada, vamos a solicitar la pena máxima”.

El artículo 309 del código penal de Bolivia establece que “quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años”.

La mujer en cuestión actualmente tiene 19 años. Pero considerando que numerosos mensajes datan de una fecha anterior a su renuncia, en noviembre de 2019, se investiga la posibilidad de que la supuesta relación comenzara cuando era menor de edad.

En declaraciones previas, Melgar indicó que también investigan la posibilidad de que “Morales incluso procreara un hijo”. Ni Morales ni el partido que lidera, el Movimiento al Socialismo (MAS) realizaron declaraciones al respecto de la denuncia.

A Morales, soltero y con dos hijos, también se le atribuyó en 2016 una relación con Gabriela Zapata, exgerente de la empresa china CAMC, a la que el Estado boliviano adjudicó contratos millonarios.

Esta no es la primera denuncia que el gobierno interino realiza contra el ex mandatario. También lo ha acusado de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo por la aparición de una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

A principios de julio, la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente a Morales por los mencionados delitos. Dos fiscales mantienen vigente una orden de aprehensión en su contra desde el 20 de noviembre pasado, cuando se realizó la acusación.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.

Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (…) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.

En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.

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