El Equipo Fiscal decidió que Emerenciano Sena siga comunicado
Así lo informó este lunes la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahir Barud, en el marco de una conferencia de prensa.
El vocero oficial, Juan Manuel Chapo, ofreció este lunes su habitual conferencia de prensa, en este caso acompañado por Nahir Barud, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.
El portavoz hizo referencia a la movilización convocada para este jueves 3 de agosto por parte de Gloria Romero, recordando el cumpleaños de Cecilia Strzyzowski, y aseguró que el Gobierno garantizará las condiciones para que esa marcha se desarrolle de manera completamente normal y en «total libertad».
Barud, por su parte, dio detalles sobre el trabajo de la querella que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco de la causa Strzyzowski y las próximas instancias al respecto.
«El pedido de incomunicación para Emerenciano Sena fue realizado desde la Secretaría ante la fiscalía interviniente, que determinó que no hay elementos para proceder en ese sentido en la incomunicación de esta persona» , aclaró.
Al mismo tiempo, la abogada señaló que el 2 y 3 de agosto próximos tendrán lugar las audiencias de oposición a la prisión preventiva solicitada contra los ocho detenidos en la causa; y que el 8, 9 y 10 de agosto próximos serán las audiencias ante la Cámara de Apelaciones y el tribunal colegiado.
«Es muy importante recordar las funciones y la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, ya que como área podemos articular con el Equipo Fiscal Especial (EFE), pero no somos quienes damos inicio a las investigaciones formales», precisó.
Por otra parte, Barud recalcó que es justamente el Equipo Fiscal quien determina las condiciones de detención de los imputados en el expediente.
Finalmente, y en cuanto a la situación en torno a supuestas comunicaciones que mantuvo Emerenciano Sena ya en condición de detenido con prisión preventiva, la abogada dijo que se ha remitido actuación ante una fiscalía común, para que se investigue si esa persona ha cometido el delito de instigación a cometer delitos contra el orden público.