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El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso, que determinó una serie de lineamientos que deberán cumplir las compañías involucradas en irregularidades para seguir participando como proveedores del Estado.
Con esto, las empresas involucradas en la causa de los cuadernos de las coimas no perderán los contratos vigentes de obra pública ni serán excluidas como proveedores del Estado. El objetivo del Gobierno es no detener la obra pública en momentos de crisis económica, impulsada fundamentalmente por la devaluación.
Las compañías podrán seguir participando en licitaciones y proyectos de Participación Público Privada (PPP) pero deberán excluir a los directivos condenados o arrepentidos por corrupción. Además deberán cumplir con programas de “integridad”, con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos.
El procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías dijo que las compañías que quieran participar de la obra pública deberán pasar “por un tamiz de control”, en una señal de transparencia, según publica el portal de TN. El funcionario explicó que por pedido del presidente Mauricio Macri exigirán “que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas”.