El Gobierno presiona a los gobernadores para frenar la reforma jubilatoria y prepara una batalla legal
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, se encuentra en una intensa campaña para impedir que la reforma jubilatoria, impulsada por la oposición, avance en el Congreso. Ante la posibilidad de que la oposición logre los dos tercios necesarios en alguna de las cámaras legislativas para ratificar la reforma, el Ejecutivo busca aliados en los gobernadores, quienes continúan demandando fondos discrecionales y la reactivación de obras públicas.
Desde la Casa Rosada, se dejó en claro que, de ser promulgada la reforma previsional, el Gobierno se verá obligado a realizar recortes en otras áreas para mantener el compromiso con el déficit cero. Esta estrategia, utilizada previamente durante la aprobación de la Ley Ómnibus, se ha planteado como un medio para debilitar el impulso de la oposición.
El presidente Milei, al justificar su decisión de vetar la ley, afirmó que su implementación significaría «quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos» debido a un aumento en la deuda de 370.000 millones de dólares «a perpetuidad«. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que «en lo inmediato implica un gasto extra de 7 mil millones de dólares para el año que viene».
A pesar de las sugerencias iniciales sobre un posible veto parcial a algunos artículos específicos, el Gobierno decidió un veto total, según confirmó Manuel Adorni, vocero presidencial. Adorni explicó que, aunque la decisión ya está tomada, hay un plazo de 10 días hábiles para formalizar el veto, lo que justifica la demora en su publicación.
La estrategia del Gobierno también incluye la influencia de los gobernadores en sus legisladores, con la advertencia de que si apoyan la reforma, se verán afectados por recortes en otras partidas presupuestarias. «El déficit cero es innegociable», expresó un estrecho colaborador del presidente.
Asimismo, el equipo jurídico de Milei se prepara para impugnar la reforma en los tribunales, argumentando que el proyecto no supera el «filtro constitucional» al no especificar cómo se financiará el aumento en las jubilaciones. «Tal como está redactado, si se judicializa tenemos todas las de ganar», aseguró un referente judicial del Gobierno.
La administración de Milei se enfrenta a un desafío significativo en su intento por frenar la reforma, y las próximas semanas serán cruciales en el desarrollo de esta batalla política y legal.