El presunto abuso contra una adolescente ocurrió días antes del nuevo régimen penal juvenil: ¿Qué cambiaría?
La investigación por un presunto abuso sexual contra una adolescente de una escuela secundaria de Resistencia quedó atravesada por una particularidad jurídica: el hecho habría ocurrido apenas días antes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que modificó la edad a partir de la cual un adolescente puede responder penalmente.
Según informó el Equipo Fiscal N.º 13, el episodio investigado ocurrió el pasado 31 de agosto y posteriormente se habría difundido entre estudiantes material vinculado al hecho mediante aplicaciones de mensajería.
Al recibir a la madre de la adolescente, la Fiscalía le explicó que los presuntos involucrados son menores de edad y que, de acuerdo con el régimen legal vigente al momento del hecho, resultan inimputables respecto de la eventual autoría del abuso.
La situación sería diferente para determinados adolescentes si un hecho de esas características ocurriera bajo la legislación que rige actualmente.
¿Qué cambió con el nuevo régimen penal juvenil?
Hasta comienzos de septiembre estuvo vigente la Ley 22.278, que establecía que una persona menor de 16 años no era punible penalmente.
Ese sistema fue reemplazado por la Ley 27.801, sancionada en febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su publicación y estableció un nuevo régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
De esta manera, desde el 5 de septiembre de 2026, los adolescentes de 14 y 15 años dejaron de quedar automáticamente fuera del sistema penal por su edad.
La diferencia es central para comprender este caso: si alguno de los adolescentes investigados tuviera 14 o 15 años, no puede ser responsabilizado penalmente por el presunto abuso ocurrido el 31 de agosto, porque en ese momento todavía regía una norma que consideraba inimputables a los menores de 16 años .
Si un hecho similar se cometiera actualmente, en cambio, un adolescente de esa edad podría ser investigado y sometido a un proceso dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil. La propia Ley 27.801 establece que la edad debe considerarse al momento de la comisión del hecho.
La nueva ley no puede aplicarse hacia atrás
La entrada en vigencia del nuevo régimen no modifica la situación penal de los adolescentes por conductas cometidas antes de esa fecha si su aplicación resulta más perjudicial.
El artículo 2 del Código Penal establece que, cuando existen distintas leyes entre el momento en que se cometió un delito y el momento del juzgamiento, debe aplicarse siempre la más benigna.
En términos concretos, bajar la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años constituye una modificación más gravosa para quienes tenían 14 o 15 años. Por eso, la nueva norma no puede utilizarse retroactivamente para responsabilizarlos por un hecho cometido cuando todavía eran considerados inimputables.
Esto tampoco significa que la investigación deba cerrarse. De hecho, la Fiscalía aclaró en este caso que la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal por la edad no impide continuar con las diligencias para establecer qué ocurrió, preservar pruebas, identificar a quienes participaron y adoptar medidas de protección para la víctima.
El propio nuevo régimen mantiene un criterio similar al establecer que una declaración de inimputabilidad no supone interrumpir la investigación destinada a determinar la existencia y las circunstancias del hecho y la eventual intervención de otras personas.
¿Qué podría ocurrir bajo el nuevo régimen?
De todas formas, la nueva ley no implica que todo adolescente acusado de un delito vaya automáticamente a prisión. El Régimen Penal Juvenil contempla un abanico de respuestas que deben definirse según la gravedad del hecho, el daño causado, la edad del adolescente y las circunstancias particulares del caso.
Entre las sanciones previstas aparecen la amonestación, la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y, en los casos que correspondan, penas privativas de la libertad.
También contempla medidas educativas, asistencia psicológica, seguimiento interdisciplinario y programas destinados a la reinserción social. La privación de libertad debe ser especialmente fundada y la ley prohíbe la prisión perpetua para adolescentes, además de fijar un máximo de 15 años.
Por eso, aun si un hecho como el investigado en Resistencia hubiera ocurrido bajo el nuevo régimen, la consecuencia concreta dependería de la edad del adolescente, la calificación jurídica que finalmente adoptara la Justicia, la prueba reunida y las circunstancias particulares del episodio.
Otro punto clave: cuándo se difundió el material
La investigación también abarca la posterior circulación de imágenes o videos vinculados al caso entre estudiantes. En este aspecto, la fecha podría adquirir especial relevancia. El presunto abuso y una eventual difusión posterior son conductas diferentes, por lo que deberá determinarse cuándo ocurrió cada una y quién intervino.
Si existieron reenvíos después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la eventual responsabilidad deberá analizarse de acuerdo con la edad de quien realizó esa conducta, la fecha concreta en que ocurrió y la figura penal que corresponda aplicar.
La Fiscalía ya advirtió que reproducir, publicar, reenviar o compartir material sexual que involucre a menores puede tener consecuencias penales y pidió expresamente detener su circulación para evitar nuevas vulneraciones y la revictimización de la adolescente.