El Senado abrió el debate sobre la legalización del aborto
Este lunes, desde las 14:05, comenzó el tratamiento del proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en un plenario de comisiones de la Cámara Alta, donde expondrán el ministro de Salud, Ginés González García, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra y la ministra de la Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.
En ese sentido, durante la videoconferencia, Ibarra, declaró esta tarde en el Senado que el Gobierno nacional sabe que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo «solo no alcanza», pero ratificó que lo que se busca «es evitar las muertes evitables y abordar el problema de salud pública» que acarrean los abortos clandestinos.
Además, expresó que la ley que rige hasta la actualidad «no dio resultados» y reiteró que una educación sexual integral «debe ser una política de Estado».
El proyecto llegó al Senado el viernes, luego de ser aprobado en Diputados por 131 votos a favor y 117 en contra, junto a 6 abstenciones.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer. El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.
Luego, la iniciativa tendría su tratamiento en el recinto el 29 de diciembre próximo.
El proyecto:
La iniciativa permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.