Financiamiento universitario el Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir con la ley
El Gobierno nacional apelará la resolución que lo intimó a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y tendrá como eje la postura oficial de que el Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones impuestas por la Justicia.
La decisión apunta contra la última resolución del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado consideró que «no existe cumplimiento total» de la cautelar y advirtió que, si el Gobierno no acata la orden dentro del plazo establecido, podrá imponer multas por cada día de demora.
En la Casa Rosada todavía analizan si solicitarán que la apelación tenga efecto suspensivo. De hacerlo, se abrirá una nueva discusión judicial sobre si la intimación debe continuar vigente mientras la Cámara revisa la resolución. Por el momento, ese planteo no está definido.
El Gobierno sostiene que ya acreditó ante la Justicia las medidas adoptadas para cumplir con la cautelar y utilizará ese argumento para cuestionar la nueva intimación. La discusión, en esta instancia, no pasa por la validez de la medida cautelar original, sino por determinar si fue efectivamente cumplida.
La cautelar había sido dictada por Cormick en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero establece mecanismos para la recomposición de los salarios docentes y no docentes universitarios, mientras que el segundo dispone la actualización de los programas de becas estudiantiles.
La medida fue posteriormente avalada por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara, el 25 de junio, el recurso presentado por el Estado Nacional. El máximo tribunal entendió que la presentación no estaba dirigida contra una sentencia definitiva.
El conflicto por el cumplimiento de la ley
La disputa judicial se originó a partir del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025 y su aplicación quedó vinculada a las disposiciones presupuestarias previstas en la legislación vigente.
En junio, el Gobierno intentó demostrar avances en el cumplimiento de las obligaciones. El 10 de ese mes, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las representaciones gremiales firmaron un acuerdo que estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%: 21,33% en junio y otro 3% previsto para octubre. También contempló un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y partidas adicionales para hospitales universitarios y becas.
Con ese entendimiento, Nación pidió posteriormente que se levantara la cautelar al considerar que las circunstancias que habían motivado su dictado habían cambiado. Sin embargo, Cormick rechazó el planteo y el conflicto continuó abierto.
La negociación salarial volvió a trabarse el 17 de septiembre. El Ejecutivo mantuvo una propuesta de aumento del 3%, que fue rechazada por los gremios, y anticipó que igualmente aplicaría la suba. El Gobierno sostiene que ese incremento forma parte del cumplimiento de la medida judicial, mientras que los sindicatos aseguran que todavía existe una diferencia considerable para recuperar el nivel salarial establecido como referencia por la ley.
La nueva resolución de Cormick endureció la exigencia: otorgó cinco días para dar «cumplimiento total» a la cautelar y dejó abierta la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de demora.
La negociación se traslada al Presupuesto 2027
En paralelo al frente judicial, el Gobierno busca encauzar la discusión con las universidades durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.
El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó una estimación de $11 billones como necesidad presupuestaria para el próximo año. La diferencia ronda los $3,6 billones.
La Casa Rosada admite que la partida incluida originalmente en el proyecto puede ser modificada durante la negociación legislativa, aunque no prevé aceptar de manera automática el monto solicitado por los rectores.
Un eventual acuerdo presupuestario también podría ser presentado ante la Justicia como un cambio en las circunstancias del conflicto, aunque no dejaría sin efecto por sí mismo la cautelar vigente: cualquier modificación deberá ser resuelta por los tribunales.
Mientras tanto, los gremios universitarios mantienen las medidas de fuerza y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.