Gobierno eliminó restricciones para las patentes biotecnológicas y busca incentivar inversiones en el agro
El Gobierno nacional derogó una normativa que regía desde 2015 y que establecía limitaciones para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en la Argentina. La medida fue oficializada este viernes a través de la resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicada en el Boletín Oficial, y apunta a generar un marco más favorable para la innovación y las inversiones en el sector.
La decisión deja sin efecto la resolución 283/2015, que había incorporado criterios más restrictivos para el otorgamiento de patentes vinculadas a plantas, animales y sus componentes. Según argumentó el INPI, esos cambios generaron durante la última década un escenario poco atractivo para el desarrollo tecnológico y colocaron al país en desventaja frente a otras naciones con sistemas más flexibles.
Con la nueva disposición, se restablecen las directrices originales aprobadas en 2003, consideradas más favorables para la protección de invenciones biotecnológicas. Además, la modificación se alinea con recientes medidas impulsadas por las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Desde el organismo sostuvieron que el objetivo es recuperar un entorno «más claro, predecible y compatible con el impulso a la innovación biotecnológica», en consonancia con la legislación nacional y los estándares internacionales. La intención es facilitar el acceso a tecnologías estratégicas que permitan mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del agro argentino.
La resolución también incorpora una cláusula de protección para terceros de buena fe. De esta manera, quienes actualmente comercialicen productos alcanzados por solicitudes de patentes que puedan ser aprobadas tras este cambio normativo no deberán pagar compensaciones económicas ni verán interrumpida su actividad comercial.
La medida, firmada por el presidente del INPI, Carlos María Gallo, entró en vigencia este viernes y forma parte de una serie de iniciativas del Ejecutivo orientadas a promover la innovación tecnológica y atraer nuevas inversiones al sector productivo.