Greenpeace instaló el Parque Nacional «El desmonte» en Chaco
La estancia Monterrey está ubicada a unos 65 kilómetros al sur de la localidad de Fuerte Esperanza, en la provincia de Chaco, y es lindera al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial La Pirámide.
Activistas de Greenpeace intervinieron la entrada de la estancia Monterrey, lindera al Parque Nacional Copo, para convertirla en el «Parque Nacional El Desmonte» y denunciar que allí se deforestaron ilegalmente más de 1.800 hectáreas de bosques.
La organización ecologista invita a la ciudadanía a votar una consulta popular sobre si es necesario penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales.
«Los bosques en esta finca estaban protegidos por la Ley de Bosques, por su altísima biodiversidad y sobre todo por ser linderos a un Parque Nacional y una Reserva Provincial. Sin embargo, los empresarios consiguieron del Gobierno de Chaco un permiso para desmontar donde no está permitido. Este es otro claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la ley, muchas veces con la complicidad de los funcionarios», afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
De la protesta participaron activistas de varias provincias, quienes montaron una escenografía en la entrada de la finca para transformarla en el «Parque Nacional El Desmonte». Allí, desplegaron carteles con las frases «Finca Monterrey = Ecocidio», «Basta de impunidad» y «Destruir bosques es un crimen», para denunciar las 1.814 hectáreas que allí se desmontaron ilegalmente.
La estancia Monterrey está ubicada a unos 65 kilómetros al sur de la localidad de Fuerte Esperanza, en la provincia de Chaco, y es lindera al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial La Pirámide. La finca es propiedad de los empresarios agropecuarios bonaerenses Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolini. El caso fue denunciado por Greenpeace en 2018 y 2019.
La provincia de Chaco, actualmente, es la que tiene más desmontes del país. El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 24.522 hectáreas, todas ilegales.
«Desde fines de 2020, la justicia chaqueña tiene frenados los desmontes, pero las topadoras avanzan cada vez más. Los controles del Gobierno son insuficientes y es evidente que las multas no sirven. Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Invitamos a la gente a votar si considera que se debe penalizar su destrucción», señaló Cruz.