La Justicia levantó el secreto fiscal de la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina Fernández

Publicado 3 septiembre, 2026 | Policiales

La compra del departamento ubicado justo debajo de la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111 por parte de la sindicalista María Soledad Calle desató una investigación judicial que ahora avanza con fuerza. El juez Julián Ercolini levantó el secreto bancario y fiscal de Calle y ordenó una serie de medidas para reconstruir su patrimonio.

Entre las medidas ordenadas, el magistrado pidió informes a la ARCA, la Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reconstruir relaciones laborales, movimientos de dinero y bienes de Calle, el gremialista Abel Furlán, la Unión Obrera Metalúrfica (UOM), USEM SA y otros integrantes de la firma.

Ercolini requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal que envíe un “informe completo respecto de la unidad funcional ubicada en San José 1111, primer piso, de cuya titularidad registral se atribuye a María Soledad Calle”.

También solicitó información sobre un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive que serían de María Soledad Calle y conocer si tanto ella como el gremialista Furlán tienen embarcaciones.

Los presuntos vínculos entre Calle, USEM SA y la UOM

El juez Julián Ercolini puso la mira en un contrato de locación de servicios entre una firma ligada a Soledad Calle y el sindicato de la UOM.

Se trata de USEM S.A., que mantenía un contrato con el sindicato para gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes bancarias para las seccionales y su Secretariado Nacional. El acuerdo, firmado el 27 de febrero de 2023, le otorgaba a la compañía honorarios mensuales equivalentes al 0,5% del total ingresado cada mes a la cuenta fiduciaria.

En 2022, Calle figura según el Boletín oficial 35073 del 22 de diciembre de 2022 como una de las fundadoras de USEM S.A junto a Raul Braconi. Se la designó como directora suplente.

La documentación obtenida por este medio incluye rendiciones de cuentas de USEM que exponen movimientos por cifras millonarias y desembolsos bajo distintos conceptos. La información fue aportada por la propia defensa del ex secretario general de la UOM, Abel Furlán, investigado en el caso.

Entre ellos aparecen gastos de hasta $50 millones en “caja chica”, $22 millones por un “Congreso MDP”, $4 millones correspondientes a una tarjeta corporativa, pagos a proveedores y más de $428.000 en TelePASE.

Los contratos analizados por la Justica exponen que la UOM no cedió administración de sus fondos sino USEM le rendía cuentas al sindicato. El contrato de locación de servicios establecía que la USEM no sacaba un centavo si la UOM no la autorizaba. Es decir, si el sindicato luego administra bien o no sus fondos es una cuestión que excede al convenio.

El vínculo entre la UOM y USEM estaba relacionado con un fideicomiso constituido previamente por el sindicato con el Banco Nación. Según el contrato, la empresa debía gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes para las seccionales y para el Secretariado Nacional, además de analizar y auditar obligaciones de pago, verificar su correspondencia y concretarlas.

La UOM tenía un contrato de fideicomiso con el Banco Nación que vencía en 2022. El convenio se reformuló, se dejó de lado a la vieja empresa que administraba los fondos pero la entidad bancaria requirió, para sostener el vínculo, que la UOM seleccione a una empresa que reparta el dinero entre todas las seccionales. El sindicato tiene 54 en todo el país. Finalmente se eligió a USEM, que se creó dos meses antes de este convenio. Llamativo.

El contrato de locación de servicios entre la UOM y USEM comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y contemplaba una duración de diez años, hasta el 28 de febrero de 2033. Por el sindicato aparecen como representantes Francisco Abel Furlan, Naldo Raúl Adalberto Brunelli, Osvaldo Esteban Lobato y José Luis Ortiz, mientras que por la empresa firmó su presidente, Adalberto Raúl Braconi.

La Justicia investiga si la empresa vinculada a Calle manejaba alrededor de $350 millones mensuales en comisiones. Las rendiciones de cuentas permiten observar, además, cómo se movían parte de los fondos administrados y cuáles eran los conceptos informados como egresos.

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