Lavado II: otorgaron prisión domiciliaria a una de las imputadas y mañana declaran Jacinto Sampayo, Fischer y Huidobro
La jueza Federal Zunilda Niremperger informó a Diario Chaco sobre los pormenores de la megacausa por lavado de activos que tiene como principales investigados a Aída Ayala y Jacinto Sampayo. Hoy se concedió la prisión domiciliaria a Natalia Martínez Guarino, una de las últimas personas imputadas por parte del fiscal federal Patricio Sabadini, ante un pedido por su estado de salud. Mañana comienza la ampliación de indagatoria con el secretario general del STM, Jacinto Sampayo; Carlos Huidobro; y el empresario Alejandro Fischer.
Natalia Martínez Guarino se presentó esta mañana ante la Justicia y se le otorgó la prisión domiciliaria ante su estado de salud tras haber sido madre hace 45 días. El que también solicitó este beneficio fue su padre, Pedro Alberto Martínez, también imputado en esta causa y a quien le fue denegado. Al respecto Niremperger explicó: “Presentó un escrito por medio de su abogado y se lo negamos. Tiene que presentarse para derecho o se va a proceder a su inmediata detención. Luego de eso se verá cuál es su situación de salud como en todos los casos, se le hará una junta médica y luego de definirá si está en condiciones de estar en un lugar intramuros o en su defecto alojado en su propia casa”. Detalló que el imputado aduce problemas cardíacos.
Ésta causa investiga supuestos manejos ilícitos al momento de otorgar la concesión de la recolección de basura a la firma PIMP S.A. en el 2014, durante la intendencia de Aída Beatriz Ayala.
Sobre Martínez Guarino contó que asistió esta mañana a declarar, pero se descompuso: “Esta muy sensible y aún en un proceso de recuperacion de postparto. Se abstuvo a declarar y dijo que en algún momento vendrá a colaborar con la causa”. El delito que se le imputa a esta última es lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de Partícipe Necesario (art. 303 del Código Penal, inc. 2), apartado a) del Código Penal). Según la Fiscalía, la imputada integró “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.