Milei y Caputo derogan decretos clave: ¿Qué pasará con los parques industriales?
Se trata de políticas que tenían como principales objetivos fomentar la generación de empleo, promover el desarrollo sustentable e inclusivo y potenciar la infraestructura productiva.El Gobierno nacional, a través del Decreto 1077/2024 , dejó sin efecto las normativas que impulsaban el desarrollo de parques industriales en el país. Firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el decreto pone fin al Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, promovido originalmente en 2010 durante la gestión de Cristina Kirchner y retomado en 2020 bajo el mandato de Alberto Fernández.
El programa tenía como principales objetivos fomentar la generación de empleo, promover el desarrollo sustentable e inclusivo y potenciar la infraestructura productiva. Sin embargo, desde la administración actual argumentaron que, en el contexto económico actual, estas iniciativas resultan inviables.
En el texto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno explicó que «la situación de inédita gravedad económica y social de los últimos años» obliga a readecuar las asignaciones presupuestarias. Además, justificó que «es indispensable optimizar los recursos asignados a la política industrial y priorizar nuevas estrategias para sostener la competitividad de los sectores productivos y fortalecer la llegada de inversiones».
La decisión de eliminar el programa también se enmarca en la emergencia pública declarada en áreas clave como la economía, la energía y la administración pública. Según el decreto, estas condiciones requieren reorientar los esfuerzos hacia políticas más acordes con las «urgentes necesidades» actuales.
Impacto en el sector industrial
Los decretos 915/10 y 716/20, ahora derogados, habían permitido la creación de parques industriales en varias regiones del país, beneficiando principalmente a pequeñas y medianas empresas. Estas normativas facilitaron el acceso a financiamiento, infraestructura y capacitación, contribuyendo al crecimiento económico de zonas postergadas.
Sin embargo, con la nueva política económica, el Gobierno considera necesario «eliminar programas que ya no sean eficientes» y redirigir los recursos hacia prioridades más inmediatas. Este cambio de rumbo generó alarma en el sector industrial, donde se teme que la medida afecte el empleo y desacelere el crecimiento productivo en ciertas regiones.
La eliminación de estas políticas reabre el debate sobre el rol del Estado en el desarrollo industrial. Mientras el Gobierno apuesta por una gestión más austera y focalizada en atraer inversiones extranjeras, sectores empresariales y sindicales cuestionan el impacto de la medida en las economías regionales.