Once inmigrantes acusados por integrar una red que explotó a menores y traficó armas en cuatro estados de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación federal contra 11 ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana.
Según el expediente judicial, se les atribuye la coordinación de una red criminal involucrada en el tráfico sexual de menores y adultos, la venta de drogas sintéticas y el comercio ilegal de armas de fuego.
Las operaciones de este grupo se desarrollaron en Ohio, Tennessee, Carolina del Norte y Florida, donde las autoridades llevaron a cabo detenciones coordinadas y desarticularon parte de la estructura delictiva.
El caso, que incluye la explotación de una adolescente y una mujer adulta, expone la sofisticación de las organizaciones transnacionales que actúan en territorio estadounidense.
La investigación estuvo a cargo de una Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y desembocó en la presentación de 30 cargos federales el 11 de junio de 2026.
El Departamento de Justicia informó que 10 de los 11 acusados fueron detenidos el martes siguiente, en un despliegue coordinado que abarcó varias jurisdicciones.
El único imputado que permanece prófugo sigue siendo buscado por las autoridades. El organismo también remarcó que 10 de los procesados carecen de estatus migratorio regular en Estados Unidos.
El expediente judicial describe cómo la organización trasladaba víctimas entre estados con el objetivo de promover la prostitución. De acuerdo con Fox News Digital, los acusados publicaban anuncios de sexo comercial en plataformas digitales, sobre todo en la región central de Ohio.
Entre las víctimas identificadas figura una menor de edad, de entre 14 y 18 años, y una mujer adulta, ambas explotadas sexualmente durante el periodo investigado. Además, el documento sostiene que cuatro de los imputados conspiraron entre julio y agosto de 2025 para cometer estos delitos.
El grupo operaba con una estructura flexible, capaz de movilizar personas y recursos entre diferentes estados, lo que dificultó el rastreo de sus actividades. Durante la investigación se documentó la venta de drogas, en particular éxtasis, y el tráfico de al menos nueve armas de fuego. Algunos de los acusados también enfrentan cargos adicionales por posesión ilegal de armas debido a su condición migratoria.
El fiscal federal Dominick S. Gerace II subrayó el compromiso de las autoridades al afirmar que los acusados, en su mayoría en condición migratoria irregular, participaron en “una panoplia de actividades ilícitas de tráfico, desde drogas y armas de fuego hasta seres humanos”. Gerace aseguró que el Departamento de Justicia actuará con todo el rigor legal ante delitos de semejante gravedad.
La coordinación del operativo involucró a agentes del FBI y de Homeland Security Investigations (HSI). Jason Cromartie, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Cincinnati, afirmó que la prioridad es “mantener a Ohio a salvo y sacar de las calles narcóticos, armas de fuego y delincuentes violentos”.
Jared Murphey, agente especial interino de HSI en Detroit, sostuvo que la acusación “demuestra el compromiso de la fuerza de tareas para proteger a las comunidades frente a organizaciones criminales transnacionales acusadas de explotar a víctimas vulnerables”.
La acusación formal revela que seis de los once imputados residían en Ohio: Jean Pierre Alejandro Guillen Salcedo, Taidin Adreina Ferrer Guillen, Pedro Angel Colls-Flores, Alismar Daniela Contreras-Arevalo, Briyi Daniela Ordonez-Iter y Julian David Patino Pena.
Dos de los procesados, John Alexandre Fajardo-Ulzcategui y Jose Ruben Sanchez-Pena, vivían en Tennessee. El listado se completa con Keivar Elian Guillen Salcedo, con domicilio en Charlotte, Carolina del Norte; Therry Brayant Leon Gavida, residente en Jacksonville, Florida; y Dervin Alejandro Colmenares Quintero, con residencia oficialmente consignada en México.
Esta dispersión geográfica demuestra la capacidad de la organización para establecerse en distintos puntos de Estados Unidos, facilitando la movilidad de víctimas y la ocultación de sus actividades ilícitas. Además, la presencia de ciudadanos venezolanos y colombianos evidencia la dimensión internacional de la red.